Hoy vemos como la oposicion, y los medios hegemonicos de comunicacion reiteradas veces critican la politica económica del gobierno en relacion a la cuestion del mantenimiento de los precios. Estoa proponen resolver la inflación con una brutal recesión, que en definitiva convalide la transferencia de ingresos en favor de quienes abusaron en estos últimos meses de su posición dominante en los mercados y se favorecieron en su rol de "formadores de precios".
La conducción económica (y sobre todo la política) del Gobierno rechaza esta receta, asumiendo todos los riesgos que ello implica. Es por esto que se articulo un nuevo control de precios. El plan actual muestra diferencias importantes con la estrategia de su precedente. Parte de un diagnóstico diferente: reconoce la existencia de una concentración excesiva en mercados fundamentales, presencia de formadores de precios capaces de controlar las cadenas respectivas de producción y comercialización, y de conductas comerciales abusivas y engañosas, que desprotegen a consumidores que terminan sin saber qué vale cada cosa ni cómo defenderse. Consumidores que sospechan que les están robando, pero tampoco saben quién lo hace.
Tras reconocer esas falencias, la nueva política de precios ensaya algunos intentos de revertirlas. Pone en manos de los consumidores un listado importante de artículos y precios (la información, como herramienta defensiva), con el compromiso de las grandes cadenas de ofrecerlos en esas condiciones (acuerdo con los oferentes). El acuerdo debería funcionar por tres meses (una especie de tregua), tras lo cual se podrían revisar los precios. Antes de que eso ocurra, el Gobierno se propone hacer un seguimiento de la cadena de producción y comercialización para verificar potenciales nudos u obstáculos que afecten el abastecimiento o la estructura de precios (atacar las causas estructurales, los cuellos de botella, oferta no competitiva). Quienes afirman que los acuerdos de precios fracasan indefectiblemente porque atacan sólo las consecuencias pero no las causas deberían prestar alguna atención a este aspecto de la propuesta.
Los análisis de mercado indican que no son más de 80 proveedores los que controlan el 75 por ciento de los productos que componen la canasta básica de consumo de la población. Siendo tan pocos, ostentan un enorme poder. Pero también al ser menos, constituyen un objetivo más preciso para su control. En ellos, y en las 20 o 30 grandes cadenas que ocupan una proporción similar de la comercialización, está centrada la actual etapa de la batalla contra la inflación. Esto es determinante en la formación de precios, y es una respuesta a considerar el porque del aumento constante de los mismos. Por eso debemos apoyar las politicas economicas del gobierno para cobatir esta situacion, ya que es nuestro bolsillo el principal perjudicado mientras unos pocos, dueños de la mayoria de los productos de la canasta familiar se aprovechan de su posicion dominante y oligopolica, haciendo a veces poco rentable los aumentos de salarios que tanto nos cuesta conseguir
