Nuevamente el Gobierno Nacional demuestra mediante el envío de la Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa Argentina dos cuestiones esenciales para entender el conflicto vigente con los Fondos Buitres y la Justicia Norteamericana. En primer lugar, el envió al parlamento nacional e este proyecto de Ley significa una clara señal de que nuestro país quiere pagar sus obligaciones a quienes de buena fe y responsablemente han sido acreedores de Argentina y que entraron al canje de 2005 y 2010 (alrededor del 93% de los acreedores). Y principalmente esta maniobra política renueva la actitud del Gobierno Nacional de defender la soberanía económica y política de nuestro país frente a los embates de los Fondos Buitres, la Justicia Norteamericana, los Medios de Comunicación Locales y los políticos opositores que han manifestado ya su negativa a aprobar el proyecto.
En esta columna ya he explicado quienes han sido los causantes de la abultada deuda externa que se tuvo que hacer cargo primero el Gobierno de Néstor Kirchner y luego el Gobierno de Cristina Kirchner, y también señalé quienes en esta puja con los Fondos Buitres externos, son los Buitres Internos.
Ahora bien, los argentinos debemos entender de qué se trata este proyecto de Ley para saber a quienes representan realmente aquellos legisladores nacionales que votan en contra de la norma. La Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa Argentina tiene como objetivo remover al Bank of New York Mellon (BoNY) de sus funciones de fiduciario (o intermedioario) debido a que la orden del juez de Nueva York Thomas Griesa le impide la distribución del dinero que le Estado Argentino deposita a los acreedores que han prestado dinero a nuestro país y entraron al canje de 2005 y 2010, violando sus obligaciones. El proyecto de ley plantea una nueva sede de pago para que los bonistas del canje puedan cobrar en una cuenta inembargable de Nación Fideicomisos SA en el Banco Central de la República Argentina, y la opción voluntaria de un cambio de legislación de los bonos por la ley argentina si se sienten inseguros respecto de las futuras sentencias judiciales. Si los acreedores no están de acuerdo con la sede, pueden realizar una propuesta propia con juntar una mayoría simple.
Esta ley no significa un cambio de jurisdicción, como muchos han dicho intentando confundir a la población. Simplemente lo que el proyecto de Ley nos dice es que se ha cambiado la institución fiduciaria para que los acreedores que, repito, de buena fe y responsablemente han sido acreedores de Argentina y que entraron al canje de 2005 y 2010 (alrededor del 93% de los acreedores) puedan cobrar las obligaciones las cuales nuestro país ha honrado de forma puntual de acuerdo a lo acordado en las reestructuraciones 2005 y 2010 y poder así evitar que los fondos sean embargados (ilegalmente) por el juez Thomas Griesa de Nueva York.
Claramente, quienes se opongan en su posiciónd e legislador nacional se opongan a esta propuesta demostrarán que les importa más satisfacer las necesidades de los Buitres que defender la soberanía económica y política de nuestro país.
