BUENOS AIRES, (AIBA-Infosic). La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó ayer sobre ´incumplimientos crónicos´ de contratos por parte de las empresas concesionarias de los servicios de transporte ferroviario tanto de pasajeros como de cargas, sobre todo en ´materia de falta de inversión, de mantenimiento y de seguridad´.
La información fue confirmada hoy por el presidente de la AGN, Leandro Despouy, quien aclaró que, sin embargo, el órgano que conduce no tiene facultad de rescindir los contratos a partir de las irregularidades detectadas sino que sólo puede hacer ´recomendaciones´ al Ejecutivo nacional acerca de las medidas que puede adoptar ante esta situación.
´En el contexto de ferrocarriles, sí hemos encontrado reiterados incumplimientos. No quiero referirme a una empresa en particular, sino tendría que enunciar cuatro o cinco, pero, en general, en materia de ferrocarriles hemos detectado incumplimientos crónicos por falta de inversión, de no hacer mantenimiento y falta de seguridad´, indicó.
El funcionario detalló que se refería tanto a ´transporte de pasajeros como de cargas´, pero evitó dar mayores detalles o nombrar a las empresas en cuestión.
En tanto, aclaró que la AGN sólo tiene la facultad de ´examinar las obligaciones contenidas en los contratos de concesión, ver si ese contrato responde a la legalidad y recomendar, en algunos casos, al Ejecutivo la adopción de algunas medidas´.
´Nosotros no determinamos. No sacamos una conclusión obligatoria para el Ejecutivo sino que lo que hacemos es entregar los elementos que resultan del comportamiento de la empresa´ ante lo cual el Estado puede renegociar o rescindir el contrato, explicó.
En tanto, diferenció esos casos del de la empresa Thales Spectrum, cuya concesión del espacio radioeléctrico será anulada por el Gobierno, al destacar que se trató de una privatización ´que tuvo particularidades desde el inicio mismo´.
Según indicó, en declaraciones a radio Mitre, el contrato contenía ´cláusulas muy beneficiosas para la empresa que hacían lugar a observaciones´ y luego se verificó ´una disparidad entre el nivel de incumplimientos (hacia el Estado) y los beneficios que había obtenido (la compañía)´.
En ese punto, cargó responsabilidades también al Estado, que -según dijo- desde que se otorgó la concesión, en 1997, hasta ahora ´mantuvo una actitud bastante negligente en cuanto a la exigencia oportuna del cumplimiento de las obligaciones asumidas´ por la empresa.
