José Angel del Valle (*)
LA PLATA, (Especial de AIBA)- La temática de los recursos naturales y la minería nos conduce básicamente a dos posibilidades de análisis.
Una, a nivel teórico, que es la que nos permite establecer que nuestra provincia posee riqueza y diversidad de recursos naturales y, en este sentido, los bonaerenses debiéramos sentirnos privilegiados por las posibilidades que esto ofrece desde la explotación racional.
La otra, es la que nos acerca a la situación real de esos recursos por la tipología de explotación que se ha implementado. Y es aquí, justamente, en la dimensión real donde los recursos naturales comienzan a mezclarse con otras variables como la población y la explotación.
Si analizamos en nuestra Provincia las zonas en las que se encuentran los recursos naturales, y las recorremos en el mapa, podemos observar la cercanía de poblaciones estables y podemos considerar los beneficios que éstas reciben de su explotación, y sobre todo pensamos en las fuentes de trabajo que estas ofrecen.
No obstante, y más allá de eso, muchas veces la explotación de estos mismos recursos que dan posibilidades económicas y ocupan mano de obra, perjudican a la misma población por la alteración del paisaje o por la contaminación que producen afectando de alguna u otra manera el ambiente y también la vida de las personas.¿A quién le corresponde la responsabilidad de establecer un equilibrio entre esas variables de modo que la explotación de los recursos naturales sea beneficiosa para la economía, para la población y para el ambiente, y sus efectos negativos sean reducidos al mínimo, si no es posible eliminarlos?
Sin lugar a dudas, es una labor del gobierno la de establecer lineamientos políticos claros, que toda la sociedad conozca, que eviten que el beneficio de unos pocos provoque el perjuicio de muchos, y que encuadren la acción concreta que se intente desarrollar.
Sin esas políticas que marquen un rumbo a seguir, nos vemos en la coyuntura de elaborar, modificar o tratar de que se apliquen leyes que pasan a cumplir la función de ´parches´ de la realidad.
Allí donde surge un problema o un conflicto de intereses surge una ley para dirimirlo, pero dirimir un conflicto no es lo mismo que buscar sus causas y arribar a una solución equitativa en el contexto de la convivencia democrática.
Estas reflexiones y este encuadre de una falta de direccionalidad o de decisión sobre políticas del Poder Ejecutivo, también están directamente relacionados con la problemática de la explotación de los recursos naturales.
A modo de ejemplo concreto, podemos exponer una situación que se generó en el ámbito de la Comisión de Recursos Naturales y Minería de la Honorable Cámara de Diputados que Presido, y que presentamos aquí como paradigmática de esa falta de lineamientos políticos claros a los que estamos haciendo referencia.
En principio, nos resulta oportuno recordar que los recursos naturales pueden ser renovables (es decir, que pueden reproducirse) y no renovables (aquellos que con el tiempo, y por ser explotados, se agotan).
En este último grupo se encuentra la minería y, dentro de ella, se ubican las canteras.
Si recorremos el mapa minero de la Provincia, podremos observar que en el distrito de Tandil, en la misma ciudad, se desarrolla una intensa actividad en torno a la extracción de piedra que ocupa mano de obra tanto para la extracción como para el traslado del material y en torno a la cual se organiza un circuito productivo.
Frente a esta actividad, se presentó una postura que expuso los perjuicios ambientales derivados de tal explotación y, sobre todo, hizo hincapié en la destrucción del paisaje serrano que sirve de marco a la citada localidad y que considera que es fruto de la acción de las canteras.
En función de ello, se propone establecer un perímetro en el cual no se puedan desarrollar ese tipo de actividades, y que permita preservar el paisaje a la vez que favorecer el turismo.
Más allá de la controversia, que no analizaremos aquí porque no es motivo de este trabajo, queda clara la existencia de dos líneas: una, de explotación de los recursos naturales, que emplea mano de obra para desarrollar esas tareas; y otra, de explotación turística, que puede ofrecer también puestos de trabajo.
Dejando de lado la discusión acerca de si la mano de obra de una actividad podría reinsertarse en la otra o si estaremos frente a un fenómeno a lo largo del cual se dará trabajo a algunas personas mientras que otras perderán el suyo, notaremos que estas posiciones se presentan como opuestas y, en función de eso, pareciera que la existencia de una necesariamente tendría que excluir a la otra.
Básicamente, este esquema podría reproducirse hasta el cansancio en la mayoría de las regiones de la Provincia de Buenos Aires en las cuales existen recursos naturales que se explotan en áreas que también son potencialmente aptas para desarrollar emprendimientos turísticos.
En estas controversias, la exclusión del otro pareciera ser lo primordial. Y, en ese contexto, pareciera que no se termina de tomar conciencia de que en el medio hay personas que tienen una fuente laboral y, detrás de ellos, familias que viven de ese trabajo en una época en que -justamente- lo que más abunda no es el trabajo.
Las últimas cifras publicadas que refieren la existencia de gran cantidad de jóvenes de nuestra Provincia que no estudian ni trabajan nos habla de una realidad en que la situación económica por la que atravesamos ha llevado al mínimo las posibilidades laborales, ha dejado al 16,9% de los hogares debajo de la línea de indigencia, al 42,3 % debajo de la línea de pobreza y, evidentemente, ha hecho que nuestros jóvenes perdieran esa ´cultura del trabajo´ que teníamos los argentinos para luchar en una tierra que nos ofrecía oportunidades de crecer.
Según las cifras publicadas por el Ejecutivo provincial, Buenos Aires posee 13.800.000 habitantes, es decir: el 38,2% del país. Con un alto índice de población urbana que se concentra sobre todo en el área de lo que se conoce como Gran Buenos Aires y Gran La Plata y que asciende a 10.300.000 personas, creemos que es necesario ofrecer a nuestros habitantes la posibilidad de establecerse en otras regiones de la mano de una política de desarrollo clara.
En una Provincia como la nuestra, que tiene el 54,3% de la población del país y en la que la tasa de desocupación es del 18,8%, no son momentos de más exclusión.
Son épocas en las que desde el Ejecutivo Provincial se deben diseñar políticas de desarrollo, de producción y de explotación de recursos para que desde las Cámaras podamos ofrecer respuestas que incluyan a todos los habitantes de la Provincia.
En este sentido, la solución frente a los eventuales perjuicios que puedan derivar de las formas de explotación de recursos naturales, no pareciera ser su prohibición o su limitación.
Por el contrario, quizá debiera evaluarse el poner en marcha todos los organismos de contralor dependientes del Poder Ejecutivo para disminuir o anular el impacto sobre los ambientes y las personas al nivel deseable.
Y, sumado a esto, generar acciones que compatibilicen las diferentes actividades económicas que se desarrollan en nuestra provincia, de modo de generar más puestos de trabajo que posibiliten la inclusión de cada vez más bonaerenses en el mundo genuino del trabajo.
Sólo de esta manera se podrá asegurar a nuestra gente el acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la educación de sus familias como derechos propios de las personas y no como privilegios de unos pocos.
Se trata, entonces, de la necesidad de delinear líneas políticas claras y eficientes, que permitan acciones políticas concretas expandiendo el concepto de democracia más allá del terreno de la política, en la convivencia entre personas diferentes que desarrollen trabajos distintos, pero con un objetivo común: la inclusión de nuestra gente y el progreso de nuestra Provincia.
La Provincia ofrece para ello un sinnúmero de recursos que ya se encuentran localizados y otros que se están buscando.
Ejemplo de esto último son las excavaciones que se están realizando en algunos distritos para buscar yacimientos de petróleo y gas.
En este sentido, desde la Comisión estamos convencidos de que la riqueza de nuestro territorio en recursos naturales y minería puede ser facilitadora del desarrollo bonaerense y de la inclusión de su gente.
Generar políticas claras y sostenidas que apunten a eso es el desafío que se impone.
(*) Diputado provincial - Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Minería
