El Gobierno bonaerense, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pidió ser parte querellante y ampliar las pruebas en la causa que se instruye para tratar de determinar si pertenecían a víctimas de la última dictadura los restos óseos que se encontraron la semana pasada en el predio del ex Tiro Federal de nuestra ciudad, donde habría funcionado un centro de detención ilegal.
Pero, además, la Subsecretaría solicitó que se amplíe la investigación para probar que en esa zona existieron seis centros clandestinos y que se cite a declarar a medio centenar de testigos.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de las tareas en la búsqueda de los restos de desaparecidos, continúan las tareas en el predio del ex Tiro Federal para comenzar las excavaciones que permitan avanzar en la pesquisa.
El último jueves se encontraron huesos en ese lugar, pero sobre la superficie y no exactamente en la zona en la que se advirtió a través de una denuncia anónima que podían encontrarse los restos de las víctimas de la represión ilegal. Así lo precisó a este medio Norberto Urso, asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno bonaerense, que confirmó que la cartera que integra, a cargo de Sara Derotier de Corbacho, amplió la denuncia ante el juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez.
La SDH aportó pruebas informativas y documentales de investigaciones realizadas por expertos de este organismo sobre episodios ocurridos durante esa época, entre ellos pruebas, planos y testimonios de víctimas de la represión certificados por la CONADEP y durante el denominado Juicio por la Verdad que se instruye en La Plata.
¨Queremos saber -dijo Urso- si, tal como creemos, el ex Tiro Federal era parte de un circuito de centros clandestinos que operaban en la zona y que incluían a Fábrica Militar de Campana conocida como ´El Tolueno´, la seccional de Campana y las sedes del Arsenal, la Prefectura y la comisaría de Zárate¨.
Según los testimonios recogidos por la SDH, el responsable del área era el general Santiago Omar Riveros, detenido en el marco de la causa que investiga si existió un plan sistemático para robar hijos de desaparecidos.
¨Seguramente entre los comprometidos figuran miembros de la policía y de la Gendarmería¨, dijo la subsecretaria a través de una gacetilla, en la que remarcó que ¨es nuestro deber colaborar en el esclarecimiento de la verdad histórica y la punición de los responsables, como medio de reparar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura militar¨.
Por su parte, el diputado provincial del PJ Alfredo Antonuccio le reclamó al Poder Ejecutivo provincial que por su intermedio se acerquen precisiones oficiales a la legislatura acerca del reciente hallazgo.
¨Las investigaciones ordenadas por la justicia federal en Campana pueden resultar un caso emblemático respecto del hallazgo de valiosas pruebas de lo sucedido en los años negros de la dictadura militar, con lo cual no sólo la situación se refiere a una rutinaria requisitoria legislativa, sino una muestra de adhesión a través del apoyo que se pueda brindar desde nuestra función parlamentaria¨, advirtió.
