Buenos Aires (especial para NA por Luis Torres)- La espectacular captura de una superbanda de delincuentes dedicada al secuestro extorsivo instaló la cuestión de la inseguridad en el primer plano de la política nacional.
La economía conducida con mano firme por Roberto Lavagna está en los umbrales de un año que se vislumbra de fuerte crecimiento (siete por ciento del PBI) y estabilidad en el tipo de cambio mientras que en materia política pura el Gobierno de Néstor Kirchner sigue enderezando su proa hacia los objetivos mencionados en el discurso del 25 de mayo del año pasado y en el mensaje de la Cumbre de Monterrey. Es decir, defensa sin concesiones de los Derechos Humanos y lucha abierta contra la corrupción.
Pero la inseguridad se viene presentando como una suerte de talón de Aquiles del conjunto general de la marcha del Gobierno.
El Ministro Gustavo Béliz está ultimando los detalles de un plan general de seguridad que presentará al presidente no más allá de los próximos diez días.
El jefe de gabinete Alberto Fernández es el primer filtro de este plan que va y viene de las oficinas de uno a otro.
Según ha podido saberse se trata de una propuesta para todas las provincias para que cada estado acepte contribuir a este sistema de seguridad.
Si hubiera alguna manera de caracterizarlo podría señalarse que tiene una cláusula que alude a la emergencia en materia de seguridad a nivel nacional y todo un esquema legal novedoso que tiende a la agilización de las causas y a evitar las ¨chicanas¨ que les permite a los delincuentes entrar por una puerta y salir por la otra.
Mientras tanto debe destacarse el fulminante operativo policial bonaerense que puso fin al secuestro de Ernesto Rodríguez donde dos agentes cayeron malheridos.
Más de cincuenta allanamientos y una ultreareservada investigación terminó con el desbaratamiento de esa banda de criminales, aunque 24 horas después del hecho hubo dos situaciones que tardarán algunos días en esclarecerse.
Por qué razones Jorge Rodríguez fustigó tan duramente a Felipe Solá por no haberse ocupado personalmente del caso de su padre.
Y segundo, deberá quedar aclarado si es cierta la versión de que hubo algunas ¨filtraciones¨ dentro del cuerpo policial que le permitió a los delincuentes estar enterados minutos antes del allanamiento de la presencia de las fuerzas policiales y preparados para recibirlos a los tiros.
Cuando el presidente habló hace algunos meses de la existencia de ¨malos policías¨ bonaerenses y de la vinculación de alguna dirigencia política con el delito y con esos policías supuestamente corruptos, estaba hablando sobre la base de un criterio de racionalidad.
No se puede hablar de seguridad a nivel nacional si no hay seguridad en la provincia de Buenos Aires donde habitan más de 14 millones de personas.
Esa es precisamente hasta aquí la deuda más visible que tiene el Gobierno de Solá con al sociedad bonaerense.
Es a esa populosa provincia adonde está apuntando el actual ministro del Interior Aníbal Fernández quien ha declarado su intención de postularse como candidato a gobernador dentro de cuatro años.
Mientras zumban algunos nombres como el de José María Díaz Bancalari, Hilda González de Duhalde y aún el de Graciela Gianetasio y Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde les ha dicho personalmente y en voz baja que ¨no es tiempo¨ de hablar de candidaturas.
El ex presidente, que estuvo con Kirchner en España, volvió con ideas novedosas para la provincia y para dentro de cuatro años. La consigna central es ¨apoyar en forma irrestricta¨ al Gobierno nacional y recién a fines del año que viene empezar a pensar en candidaturas.
Si bien muchos intendentes del Gran Buenos Aires que suelen arrastrar centenares de miles de votos preferirían ver un candidato salido de entre sus filas, Duhalde les tiene una sorpresa.
Cree que en esta etapa que viene la figura para gobernar debe tener un alto rango intelectual, una proyección mundial y una visión actualizada de las relaciones internacionales.
Estas características difícilmente puedan ser encontradas en un militante duhaldista bonaerense aunque lo que en cualquiera de ellos se puede hallar es algo más que todo eso: la lealtad.
Pese a todo el ex presidente, llegado el momento, echará a rodar el nombre del actual embajador en Madrid, Abel Posse, notable escritor e intelectual reconocido mundialmente.
El diplomático está terminando su gestión en España y regresará en los próximos días y se considera más que probable que se ntegre rápidamente a los equipos íntimos de Duhalde o bien empiece a colaborar con él en el Mercosur como lo acaba de hacer el juez de la Corte Adolfo Vázquez quien representó a la Argentina en un foro acerca de la necesidad de crear un tribunal permanente del Mercosur.
Este hecho y algunas otras señales provenientes del parlamento permiten conjeturar que el juicio político contra Vázquez en la Cámara de Diputados difícilmente prospere porque hay una franja de legisladores duhaldistas que no están muy convencidos de la conveniencia de su desplazamiento.
Interpretan que Vázquez es un ¨peronista histórico sin fisuras¨, lo que no es fácil encontrar en el resto del conjunto de magistrados.
Y ya que estamos en temas judiciales el ex ministro del Interior en épocas de Cámpora, Esteban Righi, que tiene una estrecha amistad y comparte una cátedra universitaria con el jefe de gabinete Alberto Fernández podría ocupar un alto cargo en la Justicia cuando se produzca una importante vacante a raíz de la integración de ese tribunal permanente del Mercosur que tendrá sede en Paraguay.
En una palabra, un funcionario será elevado de categoría y enviado a un tribunal internacional y ese lugar podría ser ocupado por Righi.
Finalmente en poco tiempo más se conocerá el nombre de una nueva postulante al máximo tribunal nacional que tendrá, como ya todos sospechan, un perfil ¨moderado¨ y políticamente ¨decente¨ porque las olas que provocaron las declaraciones de Carmen Argibay al proclamarse ¨atea y militante¨ y a favor de la despenalización del aborto, generaron fricciones consideradas ¨inútiles y gratuitas¨ con el clero.
Un comunicado ¨moderado¨ de la iglesia y los paños fríos que puso el Gobierno a las fricciones entre el clero y la magistrada permiten suponer que después del episodio nada más volverá a ocurrir.
