Buenos Aires (especial para NA, por Pepe Eliaschev) - Entre el pasado, que succiona con fuerza inextinguible, y el futuro, que no termina de configurarse en un presente aceptable, la Argentina sigue columpiándose desde la ansiedad esperanzada al desaliento amenazante.
La clausura verdadera de los terribles tiempos pretéritos recibió un inestimable aporte del máximo jefe naval, que esta semana firmó una página indeleble al reconocer los crímenes de la Armada en los años Setenta.
Pero ese porvenir incierto se retorció en el desasosiego cuando el espectro de la negociación con los acreedores del país se abalanzó sobre el frágil presente nacional.
Como almirante de la Marina, Jorge Godoy dio a luz una verdad que exigió 20 años para ser expuesta. Es cierto lo que dijo, un harnero no tapa el sol. Nadie puede negar que la insurgencia armada que estalló hace 35 años en la Argentina fue responsable de robos, secuestros y crímenes inaceptables.
Pero seis años después del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, en 1970, las Fuerzas Armadas se hicieron formalmente de un poder del que se habían apartado apenas epidérmicamente en 1973, y ejecutaron un plan de exterminio que asumió contornos de salvajismo y brutalidad sin límites.
Se hizo en nombre del Estado y con la pretensión de defender una supuesta cultura ¨occidental y cristiana¨.
Parte de ese esquema implicó convertir a bases y unidades militares en centros de operaciones ilegales, donde se consumaron desde innumerables secuestros y desapariciones de ciudadanos, hasta su ejecución sumaria bajo la forma de homicidios encubiertos.
La Marina, acaudillada entonces por un hombre sin escrúpulos morales y dominado por una ambición política perversa, se atrincheró en dos unidades (la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, ESMA, y la base de Mar del Plata) para desarrollar su propia y brutal variante del terror estatal.
En el caso de la ESMA, sede de diversos institutos técnicos docentes, el proyecto político mesiánico de Emilio Massera determinó que gran parte de sus 37 hectáreas se convirtieran en temible centro operativo, donde no solo se mantuvo secuestradas a millares de personas, sino que además fue centro de tortura y exterminio.
Como si fuera poco, la ESMA fue uno de los cuarteles principales del proyecto político masserista, para el cual ¨reconvirtió¨ en la esclavitud de decenas de cuadros montoneros puestos a su servicio tras haber sido sometidos en los interrogatorios.
De esto se aparta ahora la Marina con el discurso del almirante Godoy, una pieza que, al aceptar que en la ESMA se produjeron actos de ¨barbarie e irracionalidad¨, cancela el juramento de silencio que no quisieron violar los anteriores comandantes navales durante dos décadas.
Excepto la desmesura proverbial de Hebe de Bonafini, para la cual todos fueron y son genocidas y solo ella tiene razón siempre, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas recogieron con alivio y aprobación las declaraciones del jefe naval, que ahora proyectan en toda su potencia las palabras pronunciadas hace ya nada menos que nueve años, en medio de una soledad estremecedora, por el jefe del Ejército de aquella época, Martín Balza, símbolo del rechazo al terror de Estado.
Desentonó, tal vez, el ministro de Defensa del presidente Néstor Kirchner, el duhaldista José Pampuro, que quizá para apaciguar supuestas iras de los viejos oficiales de los años Setenta aun adictos al murmullo sedicioso, salió a fustigar a las fuerzas políticas democráticas por su accionar de aquellos años, al que calificó de ¨imprudente¨ yúcon un ¨cierto dejo de falta de compromiso¨.
Pampuro perpetró, presumiblemente por órdenes superiores, o por su propia y comedida voluntad de agradar, un pecado de inequidad política: el terror de Estado, así como la violencia de los irregulares en pleno estado de derecho, no fueron aplaudidos ni tolerados por todas las fuerzas políticas.
El ¨exterminio¨ de la guerrilla fue decretado por el presidente circunstancial Italo Luder en 1975 y, ya desde 1974, la Triple A actuaba desde el corazón del gobierno justicialista, como lo denunciara en aquella época, entre otros, Ricardo Balbín. Todo debe ser dicho.
Pero si Godoy le dio buenas noticias a Kirchner, las que provinieron de Washington fueron mucho menos estimulantes.
El Fondo Monetario Internacional cambió de director-gerente al producirse la salida de Horst Köhler, candidateado a la presidencia de la República Federal de Alemania, con lo cual la subdirectora, Anne Krueger, asumió las funciones de timonel del organismo.
El Fondo, claro, no es una PYME dirigida por sus propios dueños: es una agencia compleja y sinuosa en la que convergen una burocracia sólida y bien abulonada, con los impulsos y las necesidades políticas de los principales capitalismos del planeta.
Krueger, por lo tanto, no tiene márgenes irrestrictos para plasmar en hechos su por ahora proverbial molestia con lo actuado por la Argentina.
Pero la noticia agigantó los ya fornidos fantasmas nacionales, a muy pocas horas del mega vencimiento de hoy, cuando la Argentina debe transferir 3,100 millones de dólares al FMI.
La gestión de Krueger es provisoria, ya que ese puesto corresponde por estatuto a un europeo, pero el recambio se concretó en una coyuntura muy delicada, cuando el gobierno del presidente Kirchner se dispone a afrontar un desafío crucial, importante no tanto en relación con el vínculo de nuestro país con los organismos internacionales, sino fundamentalmente de cara al peor entuerto, el de los bonos argentinos no honrados por el país, tras la quiebra de comienzos de 2002.
Estratega de la discreción, Roberto Lavagna ha ido matizando de manera notable la posición argentina.
Su explicación del jueves al ¨Financial Times¨ de Londres debe ser leída con minuciosidad.
Los tenedores de bonos argentinos vienen reiterando hace varios meses, desde que el Gobierno lanzó en Dubai la oferta de reconocer solo el 25 por ciento de la deuda privada, que en realidad los números duros y puros llevan a una quita del 92 por ciento.
Lavagna se encrespó y explicó por qué se trata del 75 por ciento verdadero, al postular una diferencia sustancial entre los valores ¨neto¨ y ¨nominal¨ de la deuda, si se considera que su pago estará atado a los papeles asociados al crecimiento de la economía argentina.
Dicen los expertos que 25 por ciento sobre el valor nominal es bastante más si se considera el valor neto.
¿Qué significa bastante más?
Habrá que tener en cuenta el plazo de maduración de dichos bonos atados al progreso del país, de cuánto y durante cuánto tiempo será ese incremento y la tasa que pagarán.
Lavagna acepta que ningún tenedor de bonos descorchó champagne al leer sus declaraciones, pero 30 por ciento es mucho más que 8 por ciento, ¿o no?
Mientras sigue haciendo la lenta digestión de su pasado y trata de arrancar de manera positiva y creíble en medio de los compromisos de su cotidianidad, la Argentina recompone lenta pero ostensiblemente su mapa político.
Hay, en ocasiones, voces innecesariamente partisanas en el Gobierno, como la del infatigable ministro del Interior, que días atrás fulminó a Ricardo López Murphy tratándolo casi como un traidor a la patria.
¨¿Quién le paga a López Murphy?¨ se preguntó el polifuncional Aníbal Fernández, sugiriendo que oponerse a las políticas del Dr. Kirchner significa estar a sueldo de enemigos ocultos.
Mucha más tersa y menos irritante es la construcción que vienen operando ministros del gabinete que edifican redes horizontales emparentadas en el apoyo al Presidente desde lo que los amigos más firmes de Kirchner definen como la santísima trinidad de la Argentina de hoy: el campo nacional, popular y progresista, frase-código principal esta última porque permite la incorporación de contingentes no peronistas que se sienten cerca del Gobierno en dos temas: deuda externa y derechos humanos.
Por eso, Rafael Bielsa se hizo tiempo para armar y lanzar en la Capital Federal un entramado con ex cuadros de la Alianza, como él mismo, y acercó a Diana Conti y Nilda Garré.
Eduardo Jozami, como Graciela Ocaña, Mario Cafiero y Rafael Romá, es otro de los cuadros centrifugados por Elisa Carrió, que se guarecen ahora bajo el paraguas kirchnerista.
En Córdoba, entretanto, el singular alcalde Luis Juez fue anfitrión del porteño Aníbal Ibarra y del rosarino Hermes Binner, ex intendente de esa ciudad.
El actual, Miguel Lifschitz, no fue a Córdoba porque su Partido Socialista no compra la idea de la mentada transversalidad si ello implica anular a los partidos.
En verdad, Ibarra y Juez no tienen partido; con ellos lo que hay es el resultado de diversos terremotos ideológicos, una emulsión inestable que no consigue cristalizarse como fuerza orgánica.
Se metaboliza el pasado, hay una lógica angustia por el presente endiablado, se va diseñando un futuro.
Con el melancólico opacamiento del verano, la Argentina exuda una paradójica normalidad.
Pepebis@arnet.Com.Ar www.Pepeeliaschev.Com.Ar.
