Los aumentos desmedidos en los valores de los servicios pusieron en debate la conceptualización y el valor real de dichos elementos que, no cabe ninguna duda, son fundamentales para el bienestar de la población.
El Gobierno Nacional junto con el Gobierno provincial han decretado unilateralmente el aumento de los valores de la luz, el agua y el gas generando que lleguen facturas con valores exorbitantes que a muchos hogares se les dificulta pagar. Este aumento significó la imposición del paradigma de que los servicios son un bien de consumo y que su precio debe estar ajustado según los valores que impone el mercado, suscribiendo así a la teoría del Laizzes Faire.
Esto quiere decir que el valor de la luz, del agua y del gas estarán determinados por las condiciones coyunturales de la oferta y la demanda lo que en realidad significa que las corporaciones económicas que proveen estos servicios dispongan el valor de los mismos a su antojo, dado que su utilidad por parte de la población es totalmente necesaria. Es decir, o pagas lo que la empresa (que brinda un pésimo servicio) dictamina o te quedas sin luz, agua o gas. Esto no es más que al abuso de los poderosos por sobre los vulnerables con el aval del Gobierno.
Estos aumentos significaron en una cantidad enorme de casos que muchas familias de trabajadores pasaran a entrar en la categoría de clase vulnerable y que quienes entraban dentro de la categoría de clase vulnerable pasaran a entrar en la categoría de pobres.
Ahora bien, la luz, el gas pero sobre todas las cosas el agua son esenciales para sobrevivir en la sociedad contemporánea. El sistema económico y tecnológico vigente no te permite progresar y prácticamente vivir sin disponer de la luz y el gas, y nuestro sistema biológico no permite la supervivencia sin el acceso al agua potable, transformándolos en cuestiones de mucho valor de uso.
Entonces, los servicios ¿son un bien de consumo, tal cual lo plantea la actual administración nacional y provincial? ¿O más bien el acceso a esto es un derecho humano inalienable que el estado se tiene que encargar de suministrar? Está claro que si son tan necesarios para poder vivir el acceso universal a los servicios debe ser garantizado por el estado como también debe garantizar el acceso a una vivienda digna, el acceso del trabajo, a la educación y a la salud, y los ciudadanos tenemos que luchar por ello como a lo largo de la historia se ha luchado por la obtención de tantos otros derechos.
En fin, cuando a las necesidades de la gente se las transforma en bienes de consumo cuyo valor es dominado y determinado por grandes agentes económicos, es seguro que la conflictividad social va a estar a la vuelta de la esquina. La reflexión de las autoridades y la revisión de la medida sería un gesto enorme para una sociedad que sufrió estos aumentos y que necesita acceder a los servicios con un estado que garantice su distribución y calidad a toda la comunidad.
Alejo Sarna / Nuevo Encuentro
