Se utilizaría la figura de la contravención para hacer valer el derecho constitucional del respeto a la propiedad privada.
En vista del resurgimiento del viejo hobby político de las pintadas en muros, que tiene lugar por estos días en nuestra ciudad, no estaría mal utilizar un poco de su propia medicina para terminar con esta escalada que llevan adelante algunos políticos casi impunemente y a la vista de todos los vecinos, haciendo uso y abuso de la propiedad privada y los espacios públicos de Campana.
Sugiero que se promueva una Ordenanza municipal que confeccione un registro público de propiedades declaradas "inmunes a las pintadas, la publicidad y la propaganda política". El registro sería público, accesible vía internet mediante consulta por dirección o mapa, pudiendo implementarse alternativamente mediante consulta vía SMS. Su implementación técnica es totalmente viable, existiendo ejemplos en CABA y otras ciudades donde un registro público similar es utilizado para diferentes cometidos. Esto funcionaría por el sistema OPT IN (optar entrar), es decir que cualquier ciudadano frentista podrá registrarse para figurar en la lista de inmunidad, declarando expresamente que "no autoriza" las pintadas o pegatinas en los muros de su propiedad.
A partir de la promulgación de esta Ordenanza y el registro de cada propietario en la lista, si sucediera una pintada en una propiedad declarada inmune, el o los contraventores que pudieran identificarse serían pasibles de multas, considerándose su accionar ilegal, por tratarse de una agresión a la propiedad privada. Además de la multa correspondiente, que sería determinada por el Juzgado de Faltas Municipal, podrían ser obligados a reparar el daño o en su defecto a un resarcimiento económico otorgado al damnificado.
Buena parte de lo mencionado se enmarca en el derecho de cada ciudadano a que sea respetada su propiedad privada, siendo en realidad éste último un derecho constitucional básico. Ahora bien, siendo que el cumplimiento efectivo de tal derecho constitucional se enmarca en las leyes, la justicia y las fuerzas de seguridad, en nuestro caso cada propietario que opta por entrar al registro para obtener la "inmunidad de su propiedad" estaría habilitando y avalando al Municipio, a través de una ordenanza previamente establecida, un poder de sanción para castigar cualquier agresión a los muros de su propiedad privada, sanción que se lleva a cabo a través de la figura de la contravención, con el correspondiente derecho a un juicio justo que tendrá lugar en el Juzgado de Faltas Municipal.
En otro orden, tal vez sea hora de que la política partidaria abandone ciertas formas abusivas, como lo son esta tendencia a naturalizar la violación de espacios públicos de la ciudad y la propiedad privada de los ciudadanos, justificándose para ello en una supuesta "libertad de expresión". Estamos en el siglo XXI, la libertad de expresión ya no está determinada por la violación del espacio o el derecho de los otros. En ese contexto resulta esperable que los viejos y nuevos políticos se adecúen a las circunstancias, se actualicen, eduquen a sus militantes y tengan el valor de llevar a la práctica la mentada militancia a otro nivel, un poco más digno, en salvaguarda de los ciudadanos de a pie que a diario los observan.
Mario Trila
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