Para luchar contra la inseguridad un grupo de vecinos pide cerrar varios accesos al barrio y dejar solo uno abierto. Otro grupo se niega a aceptar el cierre invocando la libertad de circular. La pelea ya involucra al Municipio y a la Justicia.
El barrio Santa Brígida se encuentra en la ruta 4, en una zona rodeada de barrios privados. Como es uno de los pocos barrios que queda en la zona que es abierto y con accesos públicos, desde hace muchos años es el blanco preferido de cuanta banda de delincuentes pulula por la zona.
En los últimos meses los hechos delictivos recrudecieron llegando a darse altos grados de violencia, al punto que son varias las familias del barrio que decidieron mudarse para vivir mas tranquilos. Con ese panorama hace ya varios años un grupo de vecinos decidió organizarse y asesorarse. En muchas de las visitas al barrio la respuesta de los policías era invariable: "el problema de este barrio es que tiene cuatro calles que dan a la ruta, entonces los ladrones entran por una y se van por la otra. Asi la policía nunca los puede agarrar".
Ante la reiteración de los delitos algunos vecinos comenzaron a peticionar a las autoridades para cerrar tres de las cuatro calles del barrio. Durante alrededor de un año se logró cerrar las calles y en ese lapso no ocurrió un solo hecho de inseguridad.
Pero existe otro grupo de vecinos que no está de acuerdo con el cierre de las calles, e invocan el libre derecho a circular que en última instancia está garantizado en la Constitución Nacional. Con ese argumento legalmente incontrastable lograron que el cerramiento que se había instalado fuera levantado.
Ahora, y luego de unos meses bastante álgidos en cuanto a robos en el barrio, los vecinos que piden el cierre perdieron la paciencia, decidieron tomar el tema por su cuenta y cerraron por propia voluntad una de las calles. Desde ese momento el conflicto entre ambos grupos de vecinos llegó a su punto máximo de tensión. Hoy, el reclamo de los que se oponen al corte se está dando en todos los ámbitos posibles y ya se encuentra en varios despachos municipales e incluso en la justicia.
El tema también está tomando envergadura en el Concejo Deliberante, donde cada uno de los concejales va tomando posición, aun a veces generando disputas en el interior de los bloques. Quizás sea hora que la política se meta en el tema, pero no para ideologizar o plantear discursos principistas de barricada, sino para ver como se puede solucionar un conflicto entre vecinos que mantienen posturas irreconciliables y ambos con argumentos válidos.
El desafío, no solo en Campana sino en todo el país, parece ser como combatir la inseguridad creciente sin afectar necesariamente otros derechos igualmente importantes. ¿Será esto posible?
La calle fue cerrada por los vecinos.
