El Fiscal Juan Bonamusa, del Juzgado Federal Nº 1 de Campana recibió un escrito presentado por Raúl Quirino en el que se describe toda una serie de supuestas irregularidades relacionadas con el curso del arroyo De la Cruz, el Puerto de Frutos y el pasivo que ambiental que habría ocasionado TenarisSiderca en presunta connivencia del estado municipal.
Según el escrito que Quirino presentó el 17 de octubre por la mañana, TenarisSiderca "deforestó 8 hectáreas de monte nativo y rellenó ilegalmente el valle de humedales de los arroyos La Cruz y La Pesquería, con residuos incontrolados de su Acería, transformando la depresión de los humedales en enormes lomadas cubiertas de césped, que ocultan los incalculables daños provocados al ecosistema".
También dice que la empresa "taponó la desembocadura del arroyo colector del valle de humedales de los arroyos La Cruz y La Pesquería, y está procediendo actualmente al rellenado de su lecho" y que "bloqueó ilícitamente la desembocadura del Arroyo De la Cruz, impidiendo el normal desagote de nuestra única vía navegable interior en el Rio Paraná de las Palmas" y que "rellenó el lecho original del arroyo De la Cruz con áridos residuales incontrolados de su Acería, transformándolo en suelo inerte de uso comercial privado", además de desviar "en dirección Sur-Norte el curso natural del Arroyo De la Cruz, alterando el sentido original de su correntada y oponiéndola a la correntada del Río Paraná".
En su escrito, Quirino también tiene una mirada similar a la demanda por $40 millones que presentó uno de los titulares de la extinta arenera BPS contra el Municipio de Campana (ver recuadro), señalando que TenarisSiderca, "presumiendo que el HCD votaría favorablemente un contrato leonino de canje del Puerto de Frutos por Estadio de Fútbol en 2014, un año antes que dicho Contrato de Canje fuera tratado por el HCD (o sea...¡en el año 2013!), cercó, ocupó, y arrasó el Puerto Soberano de Frutos de Campana, destruyendo instalaciones" y que "liberada de todo contralor del Estado Municipal", la empresa utilizó la dársena del Puerto de Frutos para "desguazar ilegalmente barcos cuyos fondos y sentinas quedaron sepultados en el lugar, provocando una fuente de contaminación permanente de combustibles y aceites residuales y un riesgo a las embarcaciones areneras que utilizan la dársena para virar en su salida del área de trabajo, con grave peligro de accidentes navales".
La extensa presentación de Quirino hace responsable al Estado Municipal de todo éste accionar "contrariando el bien común", y solicita que "se califiquen los hechos denunciados y se juzgue si TenarisSiderca es responsable de delitos conscientes, planificados y sistemáticos contra nuestra soberanía territorial y contra nuestros bienes estratégicos comunes, que incluyen contaminación ambiental, fraudes con perjuicios colectivos, estragos hidrogeológicos, ocupación de dominios comunitarios y otros de naturaleza similar, y de los daños sociales y humanos derivados".
Además, en su escrito, Quirino pide a la Justicia Federal que se revisen "los actos administrativos del estado de campana, conocidos como "Contrato de Canje Estadio por Puerto" (2014) y "Contrato de Concesión de uso del Puerto de Frutos" (2015), determinando si constituyen el soporte institucional de los delitos consumados por la empresa TenarisSiderca", y que "se califiquen y juzguen las responsabilidades de los funcionarios y concejales del estado de Campana que refrendaron o promovieron a los mismos".
El juicio por $40 millones
El viernes 16 de septiembre, el municipio de Campana fue notificado del juicio que inició una de las 4 areneras que operaba en el Puerto de Frutos y que habría sido ocupado por Siderca SAIC sin que, aparentemente, exista ningún instrumento legal que avale ese accionar, además de desmantelar las instalaciones existentes. Esta situación ha provocado la solicitud ante la Justicia de un resarcimiento económico de exactamente $39.640.000 por daños y perjuicios a favor de Carlos Francinetti, titular de la arenera desalojada, quien es patrocinado por el estudio Gregorio Badeni y Asociados. Radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo cuya titular es la doctora Mónica Ayerbe, la demanda presentada tiene unas 100 fojas y demanda a Siderca SAIC y a la Municipalidad de Campana en forma "solidaria e igualitaria".
