Buenos Aires, (Especial de NA por Martín Hermida) --
Cuando el debate por la inseguridad y la necesidad de aumentar o no las penas para castigar ciertos delitos se había convertido en el tema casi excluyente para toda la sociedad, al Gobierno le estalló un conflicto diplomático con Chile que no sólo fue creciendo cada vez más y generando duras declaraciones y notas de queja desde el otro lado de la cordillera, sino que además planteó una gran incertidumbre por la forma en que se desarrollarán de ahora en más las relaciones entre ambos países.
El roce, que todavía está irresuelto, fue disparado por la crisis energética que afecta a la Argentina y que golpeó de lleno en la exportación de gas hacia el país vecino, pero el conflicto tomó un fuerte cariz político porque no se trata de un vecino más:
Chile tiene status de nación asociada al Mercosur y su presidente, el socialista Ricardo Lagos, cultivó una relación especial en los últimos meses con su colega Néstor Kirchner.
De hecho, tanto Chile como Brasil aparecen en el horizonte de la administración kirchnerista como dos socios ¨estratégicos¨ y, en determinadas cuestiones, como dos aliados a la hora de esgrimir posiciones conjuntas frente a otras naciones o ante los organismos internacionales de crédito.
¿Cuál es el meollo del problema? Hay una ecuación sencilla: ante la severa crisis energética que incluso llevó a pensar en el fantasma de cortes de luz como en otras épocas, Argentina redujo de pronto en más de 3 millones de metros cúbicos las exportaciones diarias de gas a Chile, país que se nutre en más de un 80 por ciento del fluido que le llega desde este lado de la cordillera.
Ante el argumento argentino de que no había otro remedio que recortar por ese lado para preservar el mercado interno y no caer en una situación aún más crítica, las autoridades chilenas reaccionaron de inmediato, en especial señalando que se trataba de una decisión que no había sido debidamente anticipada ni informada y cargando las tintas sobre un ¨quiebre¨ en el clima de confianza mutua que se había ido construyendo trabajosamente entre los dos países.
En esa escalada, el presidente Lagos no dudó en afirmar, por ejemplo, que se había ¨roto la confianza que puede existir entre dos países limítrofes¨, a la vez que su canciller, Soledad Alvear, fue aún más allá al sostener que todo este episodio implicaba ¨una mancha¨ en las relaciones bilaterales.
Y mientras la ministra anunciaba la presentación de una queja formal ante las autoridades argentinas -le fue entregada al embajador argentino en Santiago, Carlos Abihaggle, y desde allí enviada a Buenos Aires- y reclamaba que se ¨revise¨ la decisión de limitar las exportaciones, el propio Lagos tensaba más la cuerda:
¨El problema de la crisis energética -dijo- es de la Argentina y lo debe resolver el presidente Kirchner, pero Chile exige el cumplimiento de los contratos de suministro de gas¨.
¿Puede convertirse este incidente en un problema que afecte a futuro las relaciones entre ambos países? Un diario chileno, haciendo alusión al conflicto, se hizo la pregunta que muchos funcionarios argentinos prefieren esquivar: ¨¿Qué seguridad se puede ofrecer ahora a los inversionistas chilenos interesados en el mercado trasandino?¨
¿Una amenaza de venganza latente? El Gobierno argentino respondió, también por la vía de una nota formal, señalando que la suspensión de las exportaciones ¨no contradice los compromisos bilaterales vigentes¨ -en relación al acuerdo de integración energética firmado en 1995 por los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei- y argumentando que el Poder Ejecutivo actuó ¨en cumplimiento de las normas¨.
Pero en la misma nota quedó a mitad de camino cuando indicó: ¨Si un productor no ha actuado conforme a lo dispuesto por la legislación, deberá responder antes sus clientes en Chile por el potencial daño que les estuviera ocasionando¨.
¿La responsabilidad de lo ocurrido recae sólo en el sector privado? SI desde Chile se mostraron molestos por la falta de explicaciones, no parecen estar demasiado equivocados en sus apreciaciones.
Los últimos días parecen haber sido pródigos en respuestas diplomáticas, ya que también la Cancillería envió una nota contestando a la protesta que había elevado Gran Bretaña por una incursión de rompehielos Almirante Irízar en aguas consideradas por los ingleses como pertenecientes a la zona económica exclusiva en torno a las Islas Malvinas.
Como ya se había señalado desde aquí, la nota repitió los argumentos sostenidos por funcionarios de la Cancillería: las acciones del personal del Irízar (pedir identificación a los pesqueros con que se cruzó en esas aguas del Atlántico Sur) fueron ¨tareas vinculadas a la seguridad de la navegación¨ y a la necesidad de ¨conservación¨ de especies ictícolas como el calamar illex.
Y de paso, volvió a plantear la soberanía argentina sobre aquellos territorios y a remarcar la plena disposición de sentarse a negociar sobre el tema con los británicos.
Sumando más condimentos al frente externo, se espera para los próximos días la votación en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, sobre un planteo impulsado por Estados Unidos para que se condene a Cuba por la situación que se vive en la Isla caribeña en esa materia.
Argentina ya anticipó su decisión de reiterar el voto abstencionista del año pasado -que le costó fuertes presiones norteamericanas- y nada hace pensar que vaya a haber modificaciones.
Mientras tanto, el presidente Kirchner viajará el martes a Bolivia para encontrarse con su par Carlos Mesa y firmar un acuerdo que permitirá el envío de gas desde ese país hacia la Argentina, algo que no ocurría desde hacía cinco años.
Tal vez con ese gesto, el Gobierno comience a tratar de restablecer un vínculo con los vecinos más cercanos que en los últimos días, a raíz de esta crisis energética, había empezado a resquebrajarse.
