A punta de pistola

Buenos Aires,(Especial para NA, por Pepe Eliaschev)

Hay razones fundadas para que la preocupación sea muy alta y siga aumentando en la Argentina. Producto de su propia incompetencia y de la completa pérdida de toda pretensión de soberanía institucional, el Congreso corrió esta semana para dar la apariencia de estar legislando, mientras el Gobierno, que había venido apurando de manera evidente a Felipe Solá, se desayunó al promediar los días santos con una pésima, indigerible noticia: ahora la Policía Federal aparece vinculada en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

La ilusa pretensión de que todo el mal argentino empieza y termina en un distrito, o la igualmente vana postulación de que un solo cuerpo armado en particular, la policía bonaerense, agota el mapa del delito de Estado padecido por la Argentina, se hicieron añicos cuando se supo que una comisaría históricamente vinculada al crimen, la 23¦ de la Capital Federal, era la base operacional de un subcomisario, Daniel Alfredo Graviña, detenido el jueves por sus vinculaciones con otro de los detenidos en el caso Blumberg, Jorge Sagorsky, y con los secuestradores de Axel Blumberg.

Graviña era nada menos que segundo jefe de esa tristemente célebre comisaría y quedó imputado por el delito de ¨encubrimiento agravado reiterado¨.

De acuerdo con la investigación, Graviña tenía como informante a Sagorsky, acusado de reducidor de autos y asociado al crimen del joven.

Empero, nada sale de la nada. Hace 19 años, el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak fue planificado y ejecutado desde la misma comisaría 23¦, un destino de lujo entre los federales porque está localizada en la estratégica esquina de la avenida y Santa Fe y Gurruchaga, en el corazón de barrio porteño de Palermo, o sea con alcance en zonas residenciales, comerciales y de esparcimiento de mucho movimiento.

En la 23¦ de la época del asesinato de Sivak funcionaban, en plena democracia, los mismos cuadros operativos que durante del terror de Estado consumaban todo tipo de delitos bajo la protección del poder de facto.

Casi dos décadas después, en la misma comisaría de la Federal vuelve a ratificarse la vecindad escalofriante entre el delito y la policía, una nueva y concluyente demostración de que enfrentar el desafío del delito no significa moverse en un contexto claro y sencillo donde el bien y el mal son inconfundibles.

La decisión del gobernador Solá de nombrar a León Carlos Arslanián al frente del ministerio de Seguridad de la provincia fue audaz, un ejercicio de coraje político por parte del atribulado funcionario, que -sin embargo- no pudo evitar que su nuevo ministro tuviese que recabar y conseguir, primero, el apoyo activo y explícito del Presidente y de Eduardo Duhalde, que lo bendijo desde Europa.

Arslanián es un peso pesado, y no sólo por el volumen de su figura.

Es un abogado importante y serio y es, además, un hombre que tiene posiciones tomadas: se enrola de manera inconfundible en las filas de quienes consideran innegociable la preservación del estado de derecho.

Contradicción flagrante de los tiempos, Arslanián fue el presidente de la Cámara Federal que, por instrucciones del presidente Raúl Alfonsín, juzgó y condenó a las juntas militares de la dictadura en 1985.

El Dr. Kirchner afirmó el 24 de marzo en la ESMA que durante 20 años la democracia no había hecho nada para juzgar a los crímenes de Estado.

Que Arslanián sea ahora la opción de Solá no es un hecho anecdótico, así como es muy ilustrativo que la Casa Rosada no lo haya vetado.

En todo caso, es un episodio estimulante que, luego de la hiper excitación tan típica de la Argentina, sobre todo luego de la manifestación del jueves 1§ de abril frente al Congreso, ahora se vaya tomando conciencia de que la lucha contra el delito es una guerra compleja, repleta de matices y completamente imposible de librar bajo la consigna de producir efectos inmediatos y masivos.

Si una legislación supuestamente ¨permisiva¨ hubiese sido todo el problema, hace años que la Argentina no debería estar llorando tanto crímenes horripilantes. La diferencia estriba en que el asunto es infinitamente más espinoso e inabordable: solo con leyes ¨durísimas¨ la Argentina no va a ninguna parte, si el marco legislativo no se articula con una verdadera revolución de las prácticas y conceptos policiales y una profunda transformación de la justicia penal, incluyendo una reformulación integral del patético ¨sistema¨ carcelario argentino.

El Congreso, dominado por el pánico del justicialismo y bajo la mira de los apestillados fusiles de la Casa Rosada, obró de manera tradicional, ¨legislando¨ para la tribuna. ¿Quiere el lector un ejemplo de estas chapucerías, que suelen ser ignorados por los fanáticos de la ¨mano dura¨? Le ofrezco apenas uno: según la única ley sancionada por ambas cámaras, se quebró la proporcionalidad del Código Penal, porque el robo con armas de fuego contempla una pena máxima de 20 años, pero si, en el curso de ese robo, el ladrón mata a alguien, al ser condenado por ese homicidio solo recibirá cinco años más de encierro, lo que revela el nivel de importancias relativas que tienen el patrimonio económico y la vida humana en la Argentina de hoy.

Las medidas espasmódicas de corto plazo parecen ser una marca registrada del devenir argentino, un mecanismo de presión que en México, por ejemplo, se denomina gobernar ¨a vapor¨. El gobierno del presidente Kirchner no se distingue por apartarse de esa tradición, con el agregado de que, a menudo, parece particularmente creativo para conseguir adversarios donde no los tenía.

En los debates de la Cámara de Diputados de la semana pasada, por ejemplo, se valió de la aplanadora peronista comandada por José Díaz Bancalari, pero el procedimiento expeditivo de la mayoría significó cortarle los dedos a varios grupos y exponentes de lo que en otras épocas, más felices, se llamaba la ¨transversalidad¨.

Caso ejemplar es el del diputado porteño Miguel Bonasso, que siempre se cuida de proclamar su condición de ¨gurkha¨ y paladar negro del kirchnerismo y al que dejaron fuera del debate, porque - dijeron- se necesitaban leyes y no discursos, línea de razonamiento procedente de Balcarce 24.

El problema del Gobierno es que necesita del Congreso, pero la llave del Congreso la tiene un Partido al que se han cansado de aludir en términos peyorativos.

Cuando el Ejecutivo acuerda algo con el poder real de ese Congreso, sus pretensiones de renovación transversal se evaporan de inmediato.

El gran peligro es la imprevisibilidad y la concentración de las decisiones. El presidente Kirchner ha producido en 10 meses una casi milagrosa recuperación de las actitudes positivas de la sociedad.

Pero es evidente que su manera de gobernar es sui- generis. No solo no ofreció nunca una verdadera conferencia de prensa en el país para abrirse sin condiciones al escrutinio del periodismo.

Aunque nadie en su gabinete jamás lo admitiría, son varios los ministros que admiten que no tienen diálogo con Kirchner, que no solo no reunió jamás de manera simultánea a todo su elenco de secretarios de Estado, sino que, de acuerdo a lo que ciertos ministros dejaron filtrar, sólo los llama para pedir u ordenar decisiones, pero rara vez o nunca para consultarlos.

Una gastritis aguda puede ser un percance molesto, pero afortunadamente menor para un hombre joven y vigoroso como Kirchner.

Pero la ocasión es propicia para subrayar que no parece haber en él acabada conciencia de la tenue fragilidad del devenir argentino.

Esa falta de percepción permite que dentro de la gestión del Estado siga prevaleciendo un modo de administrar pleno de recelos y compartimentaciones, a lo que se añaden las exigencias de un criterio severamente piramidal.

Es una pena para el Gobierno que no tenga noción de los incontables enemigos nuevos que alegremente se fabrica a diario, en parte por una impetuosidad incomprensible, pero también por su manera conceptual de entender al país.

A menudo, o al menos así lo veo yo, el Presidente se esmera en expulsar de su lado a quienes pudieran ser sus mejores compañeros de ruta.