Buenos Aires (Especial de NA por Martín Hermida) -- Mientras intenta encontrar respuestas ante el gran problema que parece eclipsar a todos los demás, el de la inseguridad, el Gobierno comenzó a ver con preocupación cómo crecieron en intensidad algunos frentes de batalla en la agenda externa que ya estaban abiertos, pero que ahora amenazan con complicar el panorama y ensombrecer el futuro cercano.
Haciendo una rápida mirada, en ese horizonte aparecen, en primera línea, las fuertes presiones externas que vienen cayendo sobre el Gobierno en torno a la negociación por la deuda actualmente en default y por la ya famosa pauta de superávit fiscal acordada con el FMI, aunque también se incorporó la crisis planteada con Chile por la cuestión energética.
Y precisamente en relación a ese último punto, el panorama se agrava teniendo en cuenta que el acuerdo que esta semana firmaron los gobiernos de Argentina y Bolivia para asegurar la provisión de gas desde el Altiplano generó severas críticas desde Chile -pronunciadas incluso por su presidente, Ricardo Lagos- planteando un escenario en el que la administración de Néstor Kirchner pareció quedar en medio de una guerra diplomática sin retorno.
El subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, dejó en claro tras su paso por Buenos Aires que su país no cejará en la presión para que Argentina aumente la pauta de superávit fiscal primario acordada con el Fondo y de esa manera destine más dinero al pago de la deuda. No fue crudo y directo en su reunión con Kirchner en la Casa Rosada, donde según funcionarios del Gobierno, el tema no estuvo presente.
Pero en una rueda de prensa en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, afirmó: ¨Tan bien está andando la economía que está excediendo la pauta de superávit, y eso significa que hay más recursos para utilizar en determinadas cosas¨. A buen entendedor, pocas palabras.
Donde fueron más explícitos fue en el FMI: no se anduvieron con vueltas a la hora de advertir que si bien se espera que este año la economía local crezca un 5,5 por ciento, ¨la sustentabilidad de la recuperación dependerá de los progresos en el frente político, donde las prioridades son un aumento en el superávit fiscal primario (pactado actualmente en el 3 por ciento del PBI) y en la reestructuración de la deuda soberana¨.
Rápido de reflejos, el ministro Roberto Lavagna respondió desde los Estados Unidos que Argentina cumplirá con lo pactado -el último acuerdo con el Fondo data de septiembre pasado y allí está planteada la pauta del 3 por ciento de superávit para este año- y espera que también se actúe de esa manera ¨del otro lado¨, en obvia referencia al FMI y a los países del G-7.
El Gobierno se esforzó en pleno para explicar que no se moverá de esa pauta acordada con el Fondo, y desde el propio Kirchner bajó la orden para los habituales voceros del Ejecutivo: el mensaje es que no habrá más ahorro fiscal para pagar deuda, sino para destinarlo a otras urgencias internas.
A pesar de que se trata de una partida de largo aliento, la negociación con los bonistas pareció encaminarse, o al menos transitar senderos menos tormentosos que los que se planteaban hace apenas algunas semanas. ¿Pero tendrá el Gobierno espaldas suficientes para soportar los embates cruzados del Fondo, el G-7 y el Tesoro norteamericano -como lo evidenció en estos días el propio Taylor- en torno a la deuda en default y a las metas de superávit que deberán cumplirse desde septiembre próximo?
En otro de los frentes, la crítica situación planteada con Chile por la drástica reducción en la exportación de gas a ese país -motivada en la escasez local- sigue sin resolverse.
El Gobierno no parece haber actuado correctamente: apostó a dejar enfriar el conflicto, pero el paso de los días sólo hizo que tanto el oficialismo como la oposición chilenos se quejaran con más fuerza.
El acuerdo firmado con Bolivia en presencia del presidente Carlos Mesa (permite a la Argentina importar cuatro millones de metros cúbicos de gas durante los próximos seis meses para consumo interno, aunque a un precio bastante elevado), generó un mayor recelo aún entre ese país y Chile, enfrentados por una centenaria disputa a raíz de la salida al Océano Pacífico.
Bolivia presionó para que se incluyera una cláusula -aceptada por el Gobierno argentino- que estipula que el gas que salga de su territorio no podrá ser destinado ni comercializado a ¨terceros países¨. Aunque no lo diga con todas las letras, la mención está claramente dirigida a Chile.
Enseguida surgió la reacción del presidente Lagos, quien ya había machacado sobre el tema diciendo que la postura argentina había generado una ruptura en la confianza mutua: ¨Creemos que no ayuda a la integración -afirmó- que determinados países establezcan prohibiciones de exportar parte de sus productos a otro país de la región¨.
Como en otras oportunidades, Argentina quedó en el medio del sandwich. Los parlamentarios chilenos que pasaron en los últimos días por Buenos Aires en busca de una solución se fueron desilusionados. Por lo bajo aseguran sentir que el Gobierno argentino tomó una determinación que ¨traiciona¨ los acuerdos firmados y que los perjudica fuertemente. Y también coinciden con su Presidente al hablar de una ¨confianza rota¨.
¿Podrá una administración demasiado tironeada por los sacudones internos restañar las heridas y tratar de recomponer un vínculo que había costado años y esfuerzo construir?
