Débora Ramírez pertenece a una de las ocho familias que fueron intimadas a desalojar el sector. Pidió información precisa sobre los plazos y ayuda real de parte del Municipio.
Luego de la intimación que recibieron de parte del gobierno nacional para desalojar la zona de la Costanera que habitan, los vecinos de ese sector siguen realizando diferentes acciones para tratar de visibilizar su problemática. Primero lo hicieron a través de los medios; luego, en el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante frente al propio Intendente Sebastián Abella; y el pasado jueves, utilizando la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano durante la primera sesión ordinaria del HCD.
"Nos sentimos intimidados", señaló Débora Ramírez, la encargada de leer el texto que, según explicó, grafica la situación que atraviesan las ocho familias que recibieron las intimaciones de desalojo.
"No somos usurpadores", afirmó la joven, quien contó que las familias llevan más de 20 años en el lugar y que, en su momento, recibieron el permiso de Ferrocarriles Argentinos para instalarse en la zona, sin saber que esa empresa tenía una concesión de los terrenos de parte del gobierno nacional.
Durante la intervención que Ramírez llevó adelante ante los concejales, también solicitó "información clara y precisa" sobre los plazos con los que cuentan para desalojar y también respecto al proyecto para la Costanera. "No queremos ser parte del precio que se pague por el desarrollo del Paseo Costanera", señaló, al tiempo que rechazó "el desalojo forzado".
En la nota también comentó que las familias necesitan ayuda para poder llevar adelante el desalojo. Y allí apuntó contra el Municipio: "Primeramente, nos ofrecieron chapas y maderas; y luego, casas prefabricadas, pero sin terreno". En ese sentido, explicó que no tiene "recursos" para comprar un terreno y tampoco para afrontar un alquiler. "La mayoría de nosotros tiene trabajos eventuales o informales y no tenemos a dónde ir", aseguró.
Finalmente, Ramírez reclamó "respuestas" a sus inquietudes y también a la problemática que atraviesan, luego de haber iniciado diferentes trámites administrativos.
Concluida la exposición, el concejal Axel Cantlon (UV Más Campana) solicitó que la nota leída sea remitida a la comisión de Legislación y que los contactos de las familias queden registrados en la Secretaría del HCD. En tanto, Soledad Calle (PJ-UC) pidió que la nota también sea despachada a la Comisión de Derechos Humanos, Minoridad, Familia y Desarrollo Humano y aprovechó para hacer mención del proyecto de ordenanza que presentó su bloque para que el Municipio cuente con un "Protocolo de Actuación en casos de desalojos forzosos".
OTRO DESALOJO, OTRA POLÉMICA. En la previa a la sesión del jueves, el Secretario de Habitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, mantuvo un cruce elevado de tono con la concejal Romina Carrizo (PJ-UC), quien estaba acompañada por una familia que había sido desalojada días atrás de una vivienda ubicada en Jean Jaures al 1100 por decisión de la Justicia.
Tras el intercambio verbal, el funcionario aseguró que desde el bloque PJ-UC le manifestaron a esa familia que era el Municipio el que debía resolver la situación "porque contaba con lotes y vivienda para dar", mientras que la edil peronista aseguró que eso era una mentira: "Nunca podría prometer lo que no está en mis facultades", expresó Carrizo.
ESPACIO ABIERTO. "No somos usurpadores", afirmó la joven, quien leyó una nota y contó que las familias llevan más de 20 años en el lugar.
