Olga GarcíaLas medidas económicas que recomendaba el FMI hace unos meses ahora las exige como acreedor y producirán profundo deterioro en el nivel de vida de los argentinos. La deuda pública provocará pagos muy altos por varias generaciones de la sociedad argentina en la que actualmente solo se protege a los bancos, una parte mínima de industria y grandes productores agrarios.
La Gobernadora de nuestra provincia, María Eugenia Vidal, no apareció casi en los medios manifestando su apoyo a las medidas nacionales, a pesar de que su gobierno provincial representa el mismo proyecto de país. La disminución presupuestaria provincial afectó ya la salud pública, la educación. Es realmente imposible poder aceptar esas medidas de gobierno implementadas por quien ha recibido aumento de presupuesto para su provincia. Especialmente es notoria la intención de deterioro de la educación pública mediante medidas antigremiales, reducción de inversiones de infraestructura edilicia para cubrir el crecimiento del alumnado y también un importante deterioro del espacio de formación docente. El nivel terciario provincial sufre demoras en la designación de docentes, limitación en la fecha de inscripción de alumnos, lo que proyecta un achicamiento forzado. En Capital Federal, donde ese proyecto se ha puesto en práctica hace varios años, se apunta a la desaparición de los institutos de formación docente.
Todas estas medidas tienden a la eliminación del papel del Estado en espacios de los que se responsabilizó por largos períodos de nuestra historia. Esto se relaciona con una concepción opuesta al la que fundamentó la etapa de la Independencia argentina. La Provincia ha cerrado totalmente las posibilidades de negociación con los gremios docentes apuntando seguramente al achicamiento de la educación pública que se percibe también en la decadencia edilicia de muchas escuelas provinciales que incluye falta de salones nuevos para brindar espacios destinados al aumento de matrícula.
Los comedores escolares experimentan amplio crecimiento de asistentes que muestran la crisis económica de los sectores humildes. El Estado provincial invierte $ 11,85 por desayuno y $ 18,50 por almuerzo y esto provoca la limitación y baja calidad de alimentos.
Vivimos disminución de ingresos por desocupación y empobrecimiento de salarios y saqueo de bolsillos por aumento de servicios. La condena durará varios años pues la deuda contraída durante dos años y medio del gobierno actual la pagarán varias generaciones. Pero lo esencial es que el eje más profundo debieran enfrentarlo los sectores económicos alevosamente beneficiados por el gobierno actual. Lo indispensable es la posibilidad de acceso al gobierno de un proyecto de país cuyo objetivo sea lograr justicia social e independencia económica. Hace muchos años que se lucha por esos objetivos en este momento esenciales como en varias etapas de nuestra historia.
