El anunciado veto presidencial a la ley que retrotraía los valores de los servicios públicos a noviembre del año pasado, volvió a encender el malestar por los fuertes incrementos durante la era Cambiemos. Y las subas podrían continuar.
Las tarifas de servicios públicos parecen tener rienda suelta. La iniciativa de la oposición peronista de retrotraerlas a noviembre del año pasado naufragó luego de que Macri cumpliera con lo que había anunciado hace tiempo: que estaba dispuesto a vetarla no importase el costo político que le implicara. La ley tuvo vida corta y los nuevos aumentos previstos para lo que queda del año amenazan con seguir mermando la elasticidad de los bolsillos argentinos.
Con 37 votos a favor, provenientes del Bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y otras bancadas satélite, y 30 en contra aportados por Cambiemos y buena parte del Interbloque Federal, la ley de tarifas se había logrado aprobar luego de casi 12 horas de debate. Retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y disponía que los aumentos no superaran el índice de variación salarial para usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que señalaba que las empresas iban a tener que devolver lo que se cobró de más hasta el momento.
Para evitar que la ley terminase en el veto presidencial, el oficialismo intentó hasta último momento bloquear la aprobación de la ley mediante una ausencia de senadores que dejara la sesión sin quórum. Sin embargo, incluso los pocos senadores peronistas que no acompañaron el proyecto se mantuvieron inamovibles en su postura de no quitar quórum.
Los senadores de Cambiemos rechazaron el proyecto con el argumento de que tendrá un impacto fiscal negativo y que beneficia principalmente a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al tiempo que criticaron el esquema de subsidios que mantuvo las tarifas baratas durante la gestión del kirchnerismo.
En la vereda de enfrente, el Bloque Justicialista, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras argumentaron que los aumentos en gas, electricidad y agua corriente deben tener un límite y que el Gobierno tiene que rever su política energética, al tiempo que cuestionaron la situación general de la economía.
EL VETO INMEDIATO
El decreto con el que el presidente Macri vetó la ley de tarifas consta de 12 páginas con argumentos. El mandatario lo había dejado firmado incluso antes de la sanción del Congreso.
Uno de los principales puntos en los que hizo hincapié el mandatario es que la ley era violatoria de la Constitución, ya que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. "Nuestro máximo tribunal explica que la apreciación de la autoridad administrativa acerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fines de su aprobación es una facultad privativa del Poder Ejecutivo", señala el decreto.
Otro de los argumentos principales es que el costo fiscal que suponía retrotraer los aumentos sería demasiado grande. Según calculó el oficialismo, el impacto fiscal de la ley que el PJ aprobó por 37 votos contra 30 suponía un costo de $115.000 millones para 2018 y de 170.000 millones si se incluye el ejercicio 2019.
En este sentido, el decreto que firmó Macri llega a citar una resolución dispuesta por la expresidenta Cristina Kirchner , que explica que una ley puede ser vetada si supone condiciones inviables para la economía: "En otra oportunidad, la ex Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que ´la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo´".
¿TODAVÍA MÁS?
Las tarifas de electricidad aumentaron más de 1.000% desde que asumió el presidente Macri y fueron las únicas que recuperaron todo lo perdido frente a la inflación, mientras que las de agua y gas aún tienen terreno por recorrer.
Así lo señala un estudio de la Universidad Austral, en el que se precisa que las tarifas de agua potable están aún un 53% por debajo de la inflación acumulada desde 2002 y las de gas, un 37%.
Las tarifas de agua registraron ajustes de 560% desde que asumió Macri y las de gas aumentaron 371%, dice el análisis, lo cual las ubica muy por debajo de la variación que experimentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la última década.
En el caso de la electricidad, sí se logró superar al IPC con un ajuste de 1.000% que se hizo desde que asumió el gobierno de Cambiemos.
En 2015 las tarifas registraban un atraso promedio del 80% respecto al índice de precios, dice el análisis del Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.
"El principal desafío que enfrenta el Gobierno es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar en el salario real", dijo el economista Carlos Belloni.
Tras el veto, Belloni y su equipo analizaron que el impacto del aumento vigente "será sin dudas importante, alejando aún más la meta inflacionaria del 15%".
