El problema del transporte público es uno de los temas que más afectan a nuestra ciudad, y fundamentalmente a los que menos recursos cuentan mensualmente; porque son quienes inevitablemente deben utilizarlo; aún en las peores condiciones. No tienen opción.
El tranporte público local; siempre fue deficiente y nunca se resolvió la cuestión urbana para que los colectivos no peinen la colectora, a través de una logística mejor planificada. Hicimos varias propuestas en ese sentido en nuestra plataforma de gobierno, y es algo en lo que seguimos trabajando para entregar a nuestra ciudad la mejor alternativa de transporte público.
Por otra parte, el transporte interurbano es un servicio con un monopolio de la empresa Chevallier. En un tiempo también existía el tren y hasta barcos que trasladaban personas desde Campana hasta la Capital Federal; pero actualmente el colectivo es la única alternativa que existe para viajar.
Esta empresa monopólica en los horarios pico, no aumenta los móviles para satisfacer toda la demanda con la misma calidad. Todas las semanas recibimos reclamos de distintos vecinos que se quejan del servicio en todos sus aspectos.
Desde nuestro espacio local, agotamos todas las instancias a nuestro alcance para poder sentar a esta empresa a cambiar su posición asegurando calidad y mejorando los servicios; como también fuimos "por arriba" a reclamar al congreso nacional y al Poder Ejecutivo Nacional que intervengan para eliminar el monopolio de este tramo de Zárate- Campana hasta Capital Federal.
Sin duda, acá hay muchos intereses de la empresa que debe tener mucho poder, pero también una complicidad de los distintos órganos del gobierno que se callan o miran para otro lado por unas becas o algunos beneficios para unos pocos; cuando en realidad son muchos los ciudadanos que padecen la ineficiencia y estafa de esta empresa monopólica.
Habiendo agotado todas las instancias políticas de diálogo, estamos pensando en avanzar legalmente con denuncias penales a los funcionarios públicos involucrados, y a la empresa; además de amparo para asegurar los derechos constitucionales afectados por las omisiones flagrantes que fácilmente pueden constatarse.
