De cara a un nuevo 24 de marzo, es necesario señalar una de las grandes deudas que tiene nuestra democracia: la escalofriante cantidad de casos de Violencia Institucional perpetradas por las fuerzas de seguridad que seguimos sufriendo a diario. Se trata de una práctica que heredamos de la última dictadura, pero que en democracia tiene características particulares.
Como es sabido y la historia lo comprueba, en momentos donde se necesitan tomar medidas económicas perjudiciales para la mayoría, este tipo de violencia se multiplica. En este sentido, no puedo dejar de citar a Rodolfo Walsh y su famosa "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar". Luego de describir cada una de las atrocidades y terribles violaciones a los derechos humanos que estaba cometiendo el Estado durante el primer año del golpe, dice, "(…) Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada."
Reprimir, judicializar y deslegitimar a los actores que protestan son prácticas que degradan la calidad de la democracia. El Gobierno de Macri es el más represivo desde la vuelta a la democracia y no es casual. Un breve repaso de lo vivido los últimos 3 años, dan cuenta de lo manifestado: represiones a trabajadores, a docentes, a jubilados, a estudiantes, a feriantes, a vendedores ambulantes, a productores, e incluso a niñas y niños murgueros, o sea a todo aquel que cuestione o se manifieste se lo reprime.
Diariamente vemos denuncias sobre colectivos que son demorados en su recorrido y personal de las fuerzas piden documentos, filman y hacen bajar a algunos, casi siempre de piel morena. Son cotidianas las detenciones arbitrarias, especialmente a jóvenes de barrios más vulnerables, y la apertura de causas penales con el único fin de cumplir con objetivos cuantitativos solicitados por los poderes ejecutivos.
A esto hay que sumarle hacinamiento y malos tratos en lugares de detención de personas, nuestros compatriotas. Seguramente, el caso más grave de esta gestión es la masacre de la Comisaría 3 de Esteban Echeverría, donde en celdas habilitadas para 10 personas había 27 y que por causa de un incendio murieron 10 detenidos.
Muchas son las causas de gatillo fácil, las cuales la mayoría se disfrazan de enfrentamientos. Casos como el de Facundo Ferreira o el de Rafael Nahuel o el de Cristopher Rego, quien no paró en un control y lo mataron por la espalda, son algunos de los cientos que se multiplican a lo largo del país aunque no salgan en los medios.
Según datos de CORREPI a finales del 2018, cada 21 horas hay una nueva víctima fatal por violencia institucional. Todo ello va acompañado por medidas legales y declaraciones del poder ejecutivo que avalan dicho accionar. La vuelta a instalar en editoriales la "Teoría de los dos demonios", manifestaciones de funcionarios cuestionando el número de desaparecidos y reducción del presupuesto en programas de derechos humanos, son solo un ejemplo. Entre las medidas podemos mencionar el Protocolo antipiquetes. Si el Estado busca reducir la frecuencia e intensidad de los piquetes debería habilitar canales de negociación política reales y no medidas represivas.
Otro es el decreto 883/2018 donde le adjudica un nuevo rol a las FFAA, en contra de uno de los pocos consensos interpartidarios de la democracia luego de la época más negra de nuestra historia, que es la separación de la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Otra medida es la resolución 956/2018 que establece un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, debilita los controles internos e intenta evitar también el control judicial. Dicha resolución va de la mano a la ya tristemente célebre "doctrina Chocobar" y a las declaraciones de la ministra de seguridad y del propio presidente recibiendo como "héroe" a quien está procesado y su caso fue elevado a juicio oral y público.
En la semana del 24 de marzo, en la Semana de la Memoria, debemos seguir exigiendo Nunca Más Víctimas por Represión Ilegal del Estado. A 43 años del inicio del último golpe cívico militar, seguimos levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia para conocer la verdad de lo ocurrido, construir la memoria colectiva y acompañar a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia.
Mariana Quiroga Ferreres / Abogada, referente de la agrupación Identidad por la Justicia Social
