Buenos Aires (Especial para NA por Luis Torres) -- Una tragedia en Río Turbio que le cobró la vida a varios mineros disparó al Presidente hacia esa localidad santacruceña, tal vez una de las más lejanas de los centros de poder metropolitano.
Río Turbio es una pequeña localidad que vive en torno a la mina de carbón que desde hace años está siendo explotada por capitales del Estado y por la cual el Presidente siente especial afecto, como es el caso de El Calafate o El Chaltén.
Es una tierra inhóspita, dura, ventosa, en cuyas inmediaciones sólo existe un regimiento, el de Rospentek, hecho para bravos.
Está en los confines de la Nación, apenas levantando la vista se ve el paisaje chileno y es por eso que Kirchner, santacruceño de origen, siente la cuestión fronteriza y nacional de un modo mucho más fervoroso que un hombre de la metrópolis.
Sin el Presidente en la Casa de Gobierno la gran política pareció haberse paralizado. Pareció haberse detenido en el tiempo.
Nada había más importante que salvar vidas en la catástrofe minera de Río Turbio.
Mientras tanto, la crisis entre el Gobierno nacional y el gobierno de Felipe Solá pareció haber entrado en un suave tobogán deslizándose el problema hacia una solución.
Hay un hombre que logró desde las sombras encaminar la crisis.
Fue José María Díaz Bancalari, que trabajó en dos niveles: en la superficie emitió dos comunicados conciliatorios y detrás de bambalinas habló con Solá y con el Presidente Kirchner esgrimiendo el concepto de ¨compensación¨ que es lo que finalmente privó.
Ese esquema es lo que anunció Solá horas después de un encuentro con Alberto Fernández: obtener compensaciones durante tres años para después volver a debatir la distribución de los ingresos.
Solá, después del encuentro con Fernández, que se reponía de una gripe y guardaba reposo en su domicilio, partió rápidamente a hablar con Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados y hombre distanciado y de fría relación con Kirchner.
Camaño, de la más extrema confianza de Duhalde, al igual que Díaz Bancalari, le dio su palabra a Solá de que cualquier traspié en las negociaciones por la coparticipación o la Ley de
Responsabilidad Fiscal (que limita el gasto de las provincias y que encaje como si fuera un rompecabezas con la de coparticipación) no obstruiría el rápido tratamiento de las iniciativas provenientes del Ejecutivo.
En una palabra: que la confrontación entre Solá y Kirchner no afectaría la sanción de leyes pedidas por el Ejecutivo.
Mientras tanto, el secuestro de un joven, Cristián Ramaro, volvió a poner sobre la piel de la sociedad la gravedad suprema de la inseguridad.
Hasta acá se han desgranado decenas de explicaciones: que el delito muta, que los desarmaderos, que los restoranes, que los garajes, que los edificios, que los arrebatadores, hasta llegar al secuestro con final feliz del joven Ramaro.
Acá el Gobierno volvió a aparecer inerme. El ministerio de Seguridad y Justicia, se mostró mudo y paralizado y las reformas propuestas hasta este momento parecen apuntar solo al Poder Judicial.
El propio ministro del área, Gustavo Béliz, demostró una vez más su locuacidad para atacar pero su falta de argumentos para explicar la inseguridad y los modos para combatirla.
Acaba de decir que el principal foco de corrupción son ¨los jueces federales¨, lo que generará seguramente reacciones de extrema dureza contra el funcionario.
Una pequeña síntesis de otras intervenciones en las que no identificó a nadie puede ser señalada así: ¨Vivimos en una época dominada por la narco democracia¨. ¨En la provincia de Buenos Aires hay políticos ladrones¨, etc.
También lanzó sus diatribas contra la Cámara de Diputados señalando que había legisladores que cobraban dinero para sancionar leyes, lo que generó una reacción inmediata de la Cámara exigiendo ¨que dé nombres¨.
La ola de asaltos, robos y secuestros vuelve a poner en la superficie la gestión del ministro Béliz y su efectividad para luchar contra el delito. Pero quien más críticas recibe no es tanto Béliz como Norberto Quantín, el ex fiscal y ahora secretario de Seguridad, que aparece más vapuleado por la ola de delitos que por discusiones teóricas entre legisladores y funcionarios.
En una reciente reunión encabezada por Quantín y de la que participaron formadores de opinión, sociólogos y encuestólogos, el secretario debió admitir que ignoraba absolutamente cuántos de los 45 mil policías bonaerenses eran adictos a la droga.
El Gobierno nacional, en tanto, aparece más preocupado por resolver los escollos económicos frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional que avanzar con vigor y voluntad inquebrantable en la lucha contra el delito.
El Fondo Monetario Internacional ha dicho con toda claridad que para aprobar las terceras metas debe haber un acuerdo con los acreedores, cosa que hasta acá no ha ocurrido.
Mientras tanto, y tal vez por estas dificultades de acordar con los acreedores, es que brotan las versiones sobre cambios en el área económica. Se lo menciona por ejemplo al economista Eduardo Curia para reemplazarlo a Prat Gay, cuyo mandato vence en setiembre, y a Felisa Micceli, presidenta del Banco Nación, para ocupar el cargo de Roberto Lavagna.
Estos dos nombres han sido propuestos en varias oportunidades por Julio De Vido, el ministro amigo de Kirchner. Pocos creen que el Presidente ceda tanto poder a un solo ministro.
Precisamente es el poder lo que cada tanto se disputa en territorio bonaerense. Detrás de la esgrima por la coparticipación Federal de Impuestos, siempre existe la sospecha de que parte de esos dineros provenientes de la nación puedan ir a alimentar el aparato político del PJ bonaerense, algo que repugna al estilo político del Presidente.
Sin embargo, Kirchner, en forma semisecreta lo ha enviado a Carlos Kunkel, funcionario de tercera línea de la secretaría general, a trabajar ciertas áreas del conurbano para incorporar figuras trasversales a las listas de candidatos que confrontarán en el 2005 y también lo ha hecho en forma mucho más secreta con Dante Dovena, actual miembro del directorio de una empresa del Estado, ex ministro de Matilde Menéndez en Tierra del Fuego y amigo íntimo del ex ministro del Interior José Luis Manzano.
Dovena es un ¨tejedor político silencioso¨ que busca armar estructuras favorables al Presidente, reveló un dirigente duhaldista.
Y la tercera vía, pero esta vez abierta y pública, es la encabezada por el actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Ernesto Sigal, que acaba de encabezar un acto al que asistieron cerca de 700 personas para vitorear y apoyar la figura de Kirchner.
Hasta aquí estas son las acciones políticas con las que intenta el kirchnerismo contrarrestar el poderoso y siempre influyente PJ bonaerense.
