Buenos Aires (especial parta NA, por Luciano Román) -- La ofensiva piquetera y el desborde de algunas protestas vecinales terminaron desafiando, en los últimos días, al gobierno provincial. Hasta la semana pasada, el foco parecía centrarse en la Capital Federal: las ocupaciones de locales comerciales, el avance de Quebracho sobre la sede del Ejército, la toma de la comisaría de La Boca... todo se concentraba en la jurisdicción nacional.
Pero el llamativo estallido en una apacible localidad del interior bonaerense (como es Tres Arroyos) y la violencia en el corazón de La Matanza -donde ya habían incendiado un boliche y un patrullero y ahora atacaron una fiscalía- extendieron el clima de tensión y volvieron a encender las luces de alarma en territorio bonaerense.
El Gobierno provincial ha reaccionado con un tono de áspera advertencia hacia la propia Policía. Los hechos de Tres Arroyos le costaron el puesto al jefe de la Bonaerense, Ernesto Lamardo, en una medida que, por cierto, dejó algunos interrogantes.
Se dijo que actuó con ¨imprevisión¨, permitiendo el ataque a la comisaría y hasta alguna agresión a un fiscal. ¿Eso significa que debería haber ordenado reprimir? No está claro. ¿Cuál fue el mensaje al hacer saltar ese fusil político? Hacia adentro, la Policía todavía intenta decodificarlo.
Pero algunos comisarios retirados, que dicen en voz alta lo que callan los jefes en actividad, lo leen así: ¨Nos pegan de todos lados...¨ Y atan el ¨caso Lamardo¨ con la advertencia formulada por la vicegobernadora Giannettasio: ¨vamos a echar al comisario que permita el copamiento de una comisaría¨.
Podría haberse dicho -al revés- que se va a aplicar el rigor de la ley a los que intenten copar sedes policiales. ¨Quizá éso es lo que se quiso decir¨, arriesgan algunos funcionarios del propio gobierno cuando intentan interpretar el sentido de la advertencia.
Lo cierto es que un clima enrarecido y turbio ha dominado la realidad bonaerense de estos días. Los piquetes ¨tradicionales¨ -que en la semana volvieron a poblar las calles de La Plata, cortando calles y caminos- ya generan una paradójica tranquilidad frente a otras metodologías de protesta que amagan con extenderse.
En el Gobierno bonaerense evalúan la situación con evidente inquietud. Manejan informes sobre la contaminación política de algunas protestas aparentemente vecinales y temen que lo que se ha visto hasta ahora sea apenas el comienzo de una escalada mayor.
El reclamo de La Matanza, por ejemplo, está motorizado desde el activismo de algunos sectores politizados. Por supuesto que también se alimenta del dolor inmenso de una familia que perdió a su hijo. Pero un análisis objetivo no permite confundir las cosas: el dolor se ha mezclado, en este caso, con la militancia de minorías radicalizadas.
Felipe Solá comparte los trazos gruesos de la estrategia del Gobierno nacional frente a los piqueteros. Convive con el miedo a otro Puente Avellaneda y ese mismo temor les ha sido transmitido a los jefes policiales.
El titular de la Departamental La Matanza, comisario Oscar Beauvais, lo dijo esta semana con todas las letras: ¨si interveníamos frente a la quema del patrullero corríamos el riesgo de terminar como en Avellaneda¨.
En el propio oficialismo, sin embargo, muchos intendentes y legisladores creen que entre el exceso represivo y el ´dejar hacer´ hay un margen demasiado amplio. La Justicia, mientras tanto, ha vuelto a quedar en la mira frente a estos episodios.
En el caso de La Matanza, por ejemplo, los autores del incendio del boliche y el patrullero no sólo están filmados y fotografiados; la Policía tiene un listado prolijo de quiénes son.
No hay, sin embargo, un solo detenido.
DERIVACIONES POLITICAS
En este contexto, el confuso homicidio del piquetero de La Boca ha complicado -más todavía- la frágil relación entre Duhalde y la Casa Rosada. El oficialista Luis D´Elía no puso reparos en acusar al PJ bonaerense y al propio Duhalde, asignándole al crimen connotaciones políticas.
Cerca del ex presidente, creen que los exabruptos del líder piquetero no son casualidad ni una expresión marginal. De hecho, remarcan que después de haber encabezado la toma de la comisaría, D´Elía contó con gestos explícitos de respaldo en lo más alto del poder.
Lo cierto es que la embestida de D´Elía contra Duhalde dio lugar a un hecho que, en términos estrictamente políticos, tuvo esta semana una profunda significación: el Senado nacional, en pleno, votó una declaración de solidaridad con Duhalde que, al mismo tiempo, descalifica al líder de los piqueteros kirchneristas.
En el fárrago de los últimos días, el dato quizá haya quedado en un segundo plano. Pero quienes leen la ¨letra chica¨ de los vaivenes políticos le asignan a esta jugada una enorme gravitación.
Con la reacción del Senado -que ahora podría repetirse en la Cámara de Diputados- la clase política tomó posición frente a la alianza del Gobierno con un sector piquetero. No es un dato menor.
En la Legislatura bonaerense, mientras tanto, se presentó un proyecto de desafuero contra D´Elía, que -aunque muchas veces no se recuerda- es diputado en la Provincia.
La iniciativa fue presentada y motorizada por una legisladora de nuestra región que podría definirse como Duhaldista pura: Elsa Lara de Juzwa, la esposa del ex intendente de Berisso. Esta semana el desafuero podría ser aprobado.
La relación entre Duhalde y Kirchner oscila entre amagues de tregua y nuevas estocadas. Pero un dato es obvio: cada semana que pasa, se ensancha más la distancia entre los dos.
Duhalde lo ha confesado abiertamente en varias charlas que tuvo esta semana con dirigentes de su confianza. Allí ha desgranado duras críticas al Gobierno, en las que se mezclan los enojos con la franca preocupación.
SOLA DESPUES DE CHINA
Debe decirse que tampoco pasa por su mejor momento la relación de Solá con Duhalde. El intento de armar el ¨felipismo¨ no es una jugada que vean con simpatía en el entorno del ex presidente.
En los últimos días, además, el Gobernador volvió a hacer declaraciones que marcan distancias con el duhaldismo. Recién aterrizado de China, Solá encuentra un escenario convulsionado.
Se descomprimió el conflicto con los estatales pero el clima de ebullición social se ha agudizado con otras protestas. El aumento a los empleados públicos, además, obligará a apurar el acuerdo con la Nación por las deudas que reclama la Provincia y los fondos extra que se están negociando.
En ese sentido, el Gobernador habría intentado avanzar con Kirchner en el Tango 01. Pero todavía no hay un compromiso definitivo. Los cien pesos de incremento salarial -con los que se logró una tregua en el conflicto que llegó a paralizar a la Provincia- representan 75 millones por mes.
Solá aseguraba, al comienzo de la negociación, que la Provincia no tenía esa plata, y así fue como se entró en un ´regateo´ que demoró la finalización de los paros. Ahora tendrán que ver cómo se compensa ese crecimiento de la partida salarial.
El desafío de fondo, mientras tanto, pasa por garantizar la tranquilidad en las calles. En estos días quedó claro: algunos espasmos de violencia amenazan con enturbiarlo todo.
