Buenos Aires, (NA)- El secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Daniel Arroyo, reconoció ayer que «existen irregularidades» en la asignación de algunos planes sociales, las cuales comenzaron a ser investigadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). «Muchos de los casos irregulares tienen que ver con gente que tenía un trabajo provincial y además estaba en el plan, pero ahora como cruzamos todas las bases de datos que tenemos surgen estas incompatibilidades, las detectamos y pedimos que se den de baja los beneficios sociales», señaló Arroyo.
En las últimas horas, el titular de la Ufises, el fiscal federal Guillermo Marijuán, denunció que en 77 de los 134 municipios bonaerenses hay empleados municipales en actividad que cobraron programas asistenciales nacionales destinados a desocupados.
Según publicó ayer un matutino porteño, las presentaciones alcanzarán «en los próximos días a 33 comunas más, mientras que otras 15 se encuentran en observación de los investigadores».
Si las irregularidades se confirman, habría 125 comunas donde se registrarían estos casos de mala asignación de los planes de ayuda para los desempleados.
Según se señaló, se trata de 2.576 Empleados involucrados, que podrían llegar a ser 3.700 Si se confirman las sospechas del fiscal Marijuán, quien consideró que junto con los trabajadores comunales «deben ser investigados los funcionarios públicos municipales y los miembros de los Consejos Consultivos que permitieron, participaron o encubrieron esta maniobra».
Las denuncias por «defraudación al Estado», delito que prevé una pena de dos a seis años de prisión, fueron presentadas ante distintos juzgados federales de la provincia de Buenos Aires.
En declaraciones a una radio porteña, el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano dijo que «antes sólo se cruzaban las bases nacionales, y si había una persona que tenía un trabajo que no era nacional, no aparecía» en los listados y por ese motivo cobraba el plan social del Estado sin que la irregularidad fuera detectada. «Ahora, con el registro único de beneficiarios, nosotros cruzamos todas las bases de datos y empiezan a detectarse estas irregularidades.
Cuando se detectan, corresponde que la gente salga de los planes sociales», indicó Arroyo, aunque precisó que «en general son muy pocos los casos» comparados con la totalidad de los beneficiarios de los programas sociales.
El funcionario señaló que existen «1.800.000 Jefes y jefas de hogar desocupados, y estadísticamente son muy pocos los casos» en los que se cometieron irregularidades. «No hay ningún plan que esté manejado por el Municipio o por organizaciones sociales.
Ellos anotaban a los beneficiarios, pero los beneficiarios cobran por el banco», agregó Arroyo.
