Empecemos por los agentes privados, esta semana se conocieron dos decisiones de Estado respecto de quienes se endeudaron para adquirir una primera vivienda (hipotecados UVA) y de quienes acumulan deudas por incumplimiento de pagos de impuestos (la moratoria 2020 de AFIP). La morosidad de los UVA es baja: unos 800 sobre un total de 104.000 deudores, pero eso no resta importancia al problema, tal como aclaró la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, porque al poner como prioridad el pago de la cuota UVA esas personas comprometieron otro tipo de pagos: como deudas en tarjetas de créditos o préstamos de familiares o amigos.
La responsabilidad del Estado para con los deudores UVA proviene de haber sido una herramienta directamente promovida por el gobierno, por el entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. El 70% de los préstamos UVA fueron realizados por la banca pública; una entre tantas muestras de la dificultad de acceso a una vivienda propia en Argentina (como en todo el mundo). Los deudores UVA que continúan pagando sus cuotas serán además propietarios de un inmueble cuyo valor está permanentemente subiendo gracias a la devaluación; es un grupo de personas que lejos puede considerarse entre los más perjudicados por el modelo anterior. ¿Cuál fue la estafa? Que el monto de los créditos UVA indexados por inflación era una proporción de los ingresos personales, que no aumentaron en la misma proporción.
En un fuerte acto de demagogia, Macri congeló por seis meses las cuotas de los UVA en agosto de 2019, generando un costo fiscal de $700 millones. Dejó ese regalito para el FdT bajo el árbol de navidad, entre otros, como la suspensión de los pagos de la deuda pública en pesos y en dólares que el gobierno actual debe reestructurar. También dejó de "obsequio" la indexación de los contratos: los contratos de deudas bancarias (como las hipotecas UVA), los de servicios públicos (congelados transitoriamente por el FdT), los de alquileres (que se analiza regular) y los contratos laborales (con ajuste semestrales y claúsulas gatillos, que el FdT también quiere renegociar para no engordar la espiral inflacionaria). Y elevadísimas tasas de interés, que complican cualquier renegociación de deuda y sobre lo que también se busca dar marcha atrás.
Para finalizar con el tema de los préstamos UVA, en línea con el proclamado "esfuerzo compartido" de la Ley de Solidaridad, el BCRA y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat diseñaron un esquema donde los deudores pagarán en forma prorrateada a lo largo de 12 meses la indexación de los UVA que se congeló (una inflación del 26% que representará una carga adicional de 2% promedio sobre la cuota). Los bancos cubrirán el desacople con cash por un monto equivalente a $ 1.400 millones.
Retomando el tema de la moratoria impositiva, los datos son preocupantes: según información de AFIP, entre 2015 y 2019 cerraron unas 24.500 empresas, de las cuales el 91% eran micro, pequeñas, medianas empresas (Mipymes). El sector productivo sufría triplemente con las consecuencias del modelo macrista: por la caída de las ventas, el aumento de los costos (ante la progresiva devaluación y suba de tarifas) y la imposibilidad de financiarse sin tasas de usura. El ministro de Desarrollo Productivo, que acompañó a la presidenta de AFIP Mercedes Marcó del Pont en el anuncio, habló de un desahogo para las Mipymes, consorcios, autónomos, cooperativas y sociedades sin fines de lucro (como clubes de barrio) que serán beneficiados. La moratoria contempla quitas del 42% y pagos hasta en 10 años para los alrededor de un millón de CUITs. Habrá tiempo para inscribirse hasta el 30 de abril. Se estiman deudas acumuladas por $ 416.000 millones.
Concluyo con una mención sobre la deuda pública nacional y provincial. El día miércoles, tras regresar de un viaje relámpago a los Estados Unidos, el ministro de Economía Martín Guzmán presentó el cronograma para el proceso de reestructuración de la deuda en dólares que vence en el primer trimestre: la segunda semana de marzo el gobierno enunciará la oferta realizada y los bonistas (acreedores y especuladores) tendrán dos semanas para responder. Previo a negociar con acreedores, el ministro expondrá la propuesta al Congreso de la Nación. El aval del FMI será informal pero trascendieron esta semana positivos gestos de parte del organismo. Economía también publicará un informe con las observaciones de los bonistas, siguiendo la línea Guzmán de comunicar todos los procedimientos por escrito de manera oficial. Otra cuestión que continuará planteando el oficialismo es acerca del uso de los fondos que ingresaron con deuda: la fuga. Es el argumento central que diferencia al proceso de endeudamiento comandado por el macrismo de aquel que pueda encarar una administración sensata.
El viernes, el gobierno bonaerense anunció, también por comunicado, la extensión del viernes 31 hasta mañana lunes 3 de febrero como plazo para alcanzar el acuerdo con acreedores privados. Kicillof mantiene la línea nacional de pagar intereses pero no capital; mejoró la propuesta, ofreciendo cancelar de manera anticipada los intereses relacionados con el capital diferido (USD 7 M) pero los bonistas le demandan más información respecto a la capacidad de pago de los próximos vencimientos: la provincia aún no cuenta con un presupuesto aprobado. Varios especialistas dudan del default, si bien Nación anticipó que no realizará rescates: otras provincias también están endeudadas si bien sensiblemente menos que Buenos Aires.
