Durante las últimas semanas, la cuestión carcelaria pasó a ser tema central en la agenda pública nacional, dejando al descubierto una crisis que hace mucho tiempo se viene profundizando en el sistema penitenciario, particularmente en el bonaerense. A comienzos de la década del 2000, las personas privadas de su libertad en nuestra provincia apenas superaban las 20 mil, mientras que hoy esa cifra se duplicó largamente, al tiempo que la disponibilidad de alojamiento es prácticamente la misma que la de hace 20 años atrás.
En el marco de la pandemia por Coronavirus, diversos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta el Papa Francisco, han solicitado medidas concretas para evitar brotes de COVID 19 en las cárceles, y que se dispongan medidas alternativas al encierro para los presos más vulnerables afectados por la pandemia, entre otras recomendaciones.
Si esto no bastara como criterio, es de sentido común entender que la tasa de propagación de enfermedades infecto contagiosas en contexto de encierro es muy alta: el hacinamiento y la precarias condiciones sanitarias de algunas cárceles son generadoras de rápidos y masivos contagios. Si además, consideramos que el personal penitenciario que está en contacto con los internos es un potencial agente de propagación de la enfermedad, concluiremos que tenemos entre manos una bomba de tiempo que de por sí sola puede ocasionar el colapso del sistema sanitario. Pero más allá de cualquier especulación, lo cierto es que al 6 de mayo en Perú se registraban 645 presos contagiados y 30 muertos, así como 224 penitenciarios infectados y 7 muertos.
También podemos mencionar que en EE.UU. se liberaron o conmutaron penas a 16 mil presos; en Italia más de 6 mil obtuvieron el arresto domiciliario; en España la Secretaria General Penitenciaria informó que más de 5 mil presos obtuvieron indultos, conmutaciones y penas domiciliarias. Brasil, que al principio subestimó la pandemia y sus consecuencias, ha liberado más de 30 mil presos las últimas semanas, mientras que en Colombia las estimaciones rondan las 10 mil personas.
LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO
Nuestro Sistema Penitenciario alberga en su totalidad (sumando al Servicio Penitenciario Federal, los Servicios Provinciales) unos 100 mil internos, de los cuales casi la mitad pertenecen al Servicio Penitenciario Bonaerense: a enero de este año la infraestructura carcelaria en nuestra provincia alojaba a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000, con el consiguiente hacinamiento, y degradación de las condiciones sanitarias y de vida de quienes han sido privados de libertad.
La Cámara Federal de Casación Penal (máximo tribunal penal que existe por debajo de la Corte Suprema, que se ocupa de unificar criterios jurídicos para evaluar resoluciones definitivas) dispuso una serie de recomendaciones para que se concedieran medidas alternativas al encierro fundamentalmente a personas en Prisión Preventiva por delitos "no graves" y Condenados por delitos "no graves" pidiendo a los tribunales "meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo en supuestos de delitos graves".
En la Provincia de Buenos Aires, el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand (hombre de íntima confianza de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ocupa ese cargo desde 2016), redactó la Resolución 158 de fecha 16 de Marzo de 2020, en la que instruye a los Defensores Oficiales de toda la provincia para que "presenten las solicitudes de prisión domiciliaria de acuerdo a los criterios epidemiológicos y de protección sanitaria en casos que puedan considerarse población de riesgo de Covid 19".
Esta acción tuvo como consecuencia la presentación por parte de los Defensores Oficiales de solicitudes de prisión domiciliaria de casi 800 detenidos por delitos leves en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El fallo del Dr. Víctor Violini, Juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia, hizo lugar a la solicitud recomendando a los Defensores Oficiales que en caso de solicitar prisión domiciliaria para internos detenidos por delitos graves, deberán hacerlo ante el Juez Natural de la causa, señalando a estos jueces que debieran analizar la situación de cada persona detenida a su disposición y que figure en los listados.
Dicho esto, no hay que perder de vista que entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2019, durante el gobierno de Vidal, la provincia de Buenos Aires liberó 1713 internos por condena cumplida, libertad condicional y libertad asistida. En el mismo período, durante este año hubo 100 liberados menos por los mismos criterios: 1607, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Entonces, me pregunto: ¿Cómo llegamos de estas circunstancias comprobables, a un relato en el que el gobierno tuvo la supuesta intencionalidad política de provocar una masiva liberación de delincuentes autores de delitos graves, es decir a homicidas y violadores?
MANIPULACIÓN
Evidentemente, hemos sido testigos y víctimas de una manipulación mediática de la opinión pública que intentó claramente responsabilizar al gobierno de un supuesto plan para la liberación masiva de presos. Llegamos al extremo surrealista de que una senadora de Juntos por el Cambio, Felicitas Beccar Varela, hizo circular un audio replicado en varias notas periodísticas, en el que decía que estos presos liberados eran reclutados por el gobierno para armar milicias "para amenazar jueces y quedarse con nuestro capital" (sic).
Más allá de esta penosa ¿anécdota?, lo cierto es que circularon por los medios masivos de comunicación una serie de falsas noticias sobre casos de homicidas y violadores supuestamente "liberados". Dos de los más difundidos fueron el de un femicida del que se dijo que había sido liberado días antes por Covid-19, para luego aclararse que obtuvo la libertad por cumplimiento de pena en octubre de 2019; y el detenido por robo a una heladería, que circuló por todos los canales de televisión y que en realidad había sido puesto a disposición de la Justicia Civil por no gozar de salud mental.
Como si fuera poco, apareció una jueza, vinculada al macrismo y con antecedentes de maltrato infantil, que dijo que más de un centenar de violadores habían recuperado la libertad, para retractarse de sus dichos al otro día. Aún así, sus declaraciones siguieron circulando de todos modos. Más aún: el 5 de mayo el diario Clarín publicó en tapa que otro juez denunciaba "presiones del gobierno", pero en el texto de la nota se aclaraba que esas presiones las había recibido durante el gobierno anterior… y siguen las firmas.
Todo esto nos hace concluir que hubo una clara intencionalidad por parte de sectores de la oposición y de algunos medios masivos de comunicación, de generar miedo e indignación en la opinión pública. Y que ese proceso tuvo su punto cúlmine en la convocatoria al cacerolazo del último 30 de abril. Esa noche, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistió en sus declaraciones que existe una "decisión política, ideológica" de parte del Gobierno de liberar presos con "la excusa" de la pandemia de coronavirus.
BUENA FE Y RESPONSABILIDAD
En tiempos tan críticos, en que los consensos son indispensables para atravesar esta pandemia y sus consecuencias (incluyendo las económicas, claro está) se ven claramente dos tipos de actitudes: una, la de quienes con responsabilidad asumen su rol en la coyuntura pensando en la gente, su salud y sus padecimientos; y otra muy irresponsable y mezquina a quienes la definición de Posverdad les cae a medida: "mentira emotiva que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales".
Nobleza obliga: en este contexto, es de destacar la figura del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la de gobernadores e intendentes de la oposición que se enrolan en el grupo de los primeros; mientras una buena parte de la oposición, algunos medios afines y algunas corporaciones económicas sólo miran como obtener tajada de la crítica situación.
Mientras unos trabajan en la búsqueda de soluciones y consensos, los otros conspiran e intentan confundir a la sociedad argentina planteando falsos debates para ponerla de su lado. La democracia necesita de la diversidad de voces, pero más allá de cualquier visión ideológica esa diversidad debe estar basada en la responsabilidad política, que sólo se construye a partir de la verdad y la buena fe.
