Buenos Aires (especial de NA por Martín Hermida) -- La crisis política que atraviesa actualmente Perú, la más grave desde que hace tres años asumió el presidente Alejandro Toledo, llegó en los últimos días a un punto inesperado y peligroso, y desde allí amenaza con convertirse en un terremoto con derivaciones insospechadas y con una onda expansiva que podría sacudir a todos su vecinos, incluida la Argentina.
En ese difícil escenario, según el análisis que hacen los propios peruanos, no se descarta un acortamiento del mandato presidencial -que en realidad debería finalizar dentro de dos años-, ni tampoco un llamado anticipado a elecciones, aunque también se barajan otras posibilidades más extremas, con un riesgo institucional grave.
Hasta ahora, el Gobierno del presidente Néstor Kirchner guardó las formas y por los canales oficiales no emitió ningún pronunciamiento: está claro que una mención directa a la situación por la que atraviesa la administración de Toledo hubiera sido vista como una ¨intromisión¨ en los asuntos internos de un país.
Sin embargo, fuentes del Gobierno admitieron que la situación es seguida de cerca, en especial por el riesgo que podría implicar para toda la región un quiebre institucional en un país del continente, que además desde hace meses forma parte del proyecto del Mercosur con el status de nación ¨asociada¨.
¿Qué tan grave aparece esta nueva crisis política que afecta a una de las democracias latinoamericanas? Tanto que la mayoría de los analistas que pusieron su lupa sobre este país coincide en afirmar que está en ¨serio riesgo¨ la finalización del mandato del presidente Toledo, jaqueado por una serie de denuncias de corrupción, una fuerte oposición de la sociedad y una enorme falta de popularidad.
Claro que hay un dato que alimenta la percepción de que cualquier fenómeno que ocurra en estas latitudes es tan difícil de comprender como de solucionarlo: la explosiva situación política que enfrenta el mandatario se da en un contexto de crecimiento económico sostenido (a un promedio de entre el 4 y el 5 por ciento anual) y los últimos tres años -que coinciden con el gobierno de Toledo- han mostrado resultados macroeconómicos a todas luces positivos.
El talón de Aquiles del Presidente puede encontrarse en las reiteradas denuncias de corrupción que se ciernen sobre él mismo, sobre su esposa, Eliane Karp, otros 18 integrantes de su familia y un grupo de asesores, especialmente por la existencia de cuentas bancarias en el exterior y presuntas irregularidades con fondos públicos.
Es que justamente Toledo había convertido a la lucha contra la corrupción y las promesas de honestidad y transparencia en una bandera durante su campaña electoral, en un país incrédulo y golpeado tras la crisis que disparó la salida anticipada del ex presidente Alberto Fujimori, hoy exiliado en Japón.
¿Similitudes con la Argentina? Todo parecido con la realidad puede ser sólo una coincidencia.
En medio de las denuncias -hay acusaciones de ¨tráfico de influencias¨, supuestos cobros indebidos y hubo incluso una revista que publicó que Toledo y su esposa tendrían una cuenta en Luxemburgo con dinero de presuntas coimas- y las investigaciones ya en marcha -la Procuraduría de Estado pidió a la oficina anticorrupción que prohíba la salida del país de la esposa del Presidente- todo lleva a pensar que sería difícil que el mandatario concluya los dos años que le quedan en el cargo.
Para colmo, durante esta semana Toledo perdió el control del Congreso a manos del dirigente opositor Antero Flórez Aráoz (Partido Social Cristiano), quien se impuso como nuevo presidente del Parlamento (hay una sola cámara) y advirtió que si hay causas suficientes, podría impulsar que se declare la ¨vacancia presidencial¨, el camino para sacarlo del poder.
Toledo, con un índice de popularidad que las encuestas sitúan apenas entre el 5 y el 8 por ciento, el más bajo de toda América del Sur, contraatacó diciendo que están pergeñando en su contra ¨un operativo psicosocial¨ y ¨una conspiración contra la democracia¨.
El analista y politólogo Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, señaló ante una consulta puntual de NA: ¨Es posible que Toledo no termine el mandato y que en consecuencia el país viva una crisis política. Si el desplazamiento es consecuencia de la acción política del Congreso, los efectos regionales pueden no ser relevantes. Pero si es precipitado por protestas violentas en las calles, las consecuencias para otros países de América del Sur pueden ser más serias¨.
Hay antecedentes frescos: Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá aquí, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia y Jean-Bertrand Aristide en Haití. A pesar de algunas diferencias entre cada uno de esos ejemplos, estos casos alimentaron la posibilidad de que se generen en esta parte del mundo cada vez más ¨golpes de la calle¨.
Y si Toledo llegara al extremo de perder el poder en esas circunstancias (presionado por las protestas sociales en las calles), sería un dato más que elocuente para pensar que en estas tierras las democracias funcionan sólo atadas a instituciones débiles.
¨Una crisis en Perú -señaló Fraga- puede generar efectos en Ecuador y Bolivia, países que también tienen un fuerte conflicto social y político de tipo indigenista. Y en el caso de la Argentina, que en las últimas dos décadas ha sido el país de América latina en el cual fue más difícil terminar los mandatos, la posibilidad de que la protesta violenta en las calles genere una crisis política aumentaría. En última instancia, el episodio de la Legislatura porteña fue el detonante de la primera crisis de gabinete del Presidente Kirchner¨.
