El hecho ocurrido el fin de semana en nuestra ciudad, en el que el comisario local fuera detenido por un delito grave contra la vida de un joven con supuestos antecedentes penales, desató una serie de debates y publicaciones que me parece interesante analizar.
Las democracias funcionan en el marco del Estado de Derecho: la Constitución y las leyes establecen las reglas de convivencia social. Ese contrato social supone la delegación del poder punitivo al Estado por parte de las personas o, dicho de otro modo, mereced a un orden normativo hemos renunciado a la venganza privada para poner en manos de un tercero imparcial –el Estado- la resolución de los conflictos, dejando atrás la ley de la jungla para convivir en sociedad.
Esa capacidad de castigar y reprimir fue delegada con estrictos límites, y esos límites son indispensables para que no se vuelva en contra de las propias personas.
De acuerdo a lo informado por la agencia oficial de noticias Télam sobre los sucesos del barrio Lubo que tuvieron lugar este domingo a la madrugada, y según fuentes judiciales, existirían elementos suficientes en la investigación que justificaron claramente la imputación y posterior aprehensión del personal policial involucrado que, además, es un Comisario.
Con posterioridad y de acuerdo a lo informado, la Jueza de Garantías dispuso la libertad del funcionario sin perjuicio de que el proceso continúe. Es decir que, en el debido funcionamiento de las instituciones y organismos, cada uno de ellos cumplió con el rol asignado por las leyes.
Vivimos tiempos difíciles en los que muchas veces el miedo y el hartazgo frente al delito hace que la sociedad exacerbe su reclamo represivo, aun en circunstancias no aclaradas y tome posiciones más allá de los hechos concretos.
En "Vigilar y Castigar", Michel Foucault (1926 -1984) describe el proceso histórico del Derecho Penal moderno, indicando cómo evolucionamos de los tiempos en que un monarca absoluto determinaba quien era el delincuente y el castigo sobre su cuerpo (que generalmente se hacía en la plaza pública frente a la muchedumbre que asistía morbosamente a ese suceso) hasta la aparición del Estado moderno en el que el delito ya no era considerado en perjuicio del rey soberano, sino que el soberano ahora es el pueblo, es decir nosotros, quienes delegamos el poder punitivo en el Estado mediante normas que buscan la eficacia pero en el marco de garantías para todos.
Si bien es cierto que las instituciones deben repensarse permanentemente para dar respuestas a la sociedad, a veces las criticamos sin todos los elementos necesarios a la vista y frecuentemente, también, más por cuestiones emocionales que racionales.
Sería importante estar atentos y no caer en posturas que pueden llevarnos más estar más cerca de volver al castigo corporal en la plaza pública, que a vivir (o al menos intentarlo, claro) como una sociedad moderna. No nos indignemos porque una Fiscal investiga a un Comisario, más bien festejemos que puede hacerlo. Luego, la Justicia dará su veredicto.
Alberto Giordanelli / Espacio de Pensamiento Alfonsinista
