Desde la Inspección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social explicaron los alcances de la Comunicación 4/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que generó polémica por sus recomendaciones para atender casos de emergencia entre el alumnado en plena pandemia.
El mundo docente se alteró por una disposición de la Dirección General de Cultura y Educación que precisa recomendaciones de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos en el alumnado. Y es que una de las acciones compartidas a las inspecciones de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social fue la geolocalización de cada maestro para poder contactarlo en caso que su presencia fuese necesaria en un domicilio cercano.
"Tenemos mucho malestar y alarma porque llegaron correos electrónicos y WhatsApp donde las escuelas transmiten una supuesta comunicación de la inspectora de Psicología para armar una suerte de red de contención para alumnos, incluyendo la geolocalización de docentes", expresó Pedro Espinosa, secretario general del gremio Udocba, y una de las primeras personas en alzar su voz contra la disposición provincial, que en Campana ya fue transmitida a los colegios.
Espinosa señaló que "el estatuto docente obliga a mantener actualizados los datos personales en el establecimiento, pero para que los tengan sus directivos y no para que estén subidos a un drive de público acceso" como, según aseguró, lo solicitaron las autoridades educativas locales.
"Para contener a los alumnos están los equipos psicológicos o eventualmente la Justicia. Nosotros ya tenemos bastante trabajando el doble tratando de sostener la educación de los pibes y pibas para encima obedecer este capricho. Es un disparate", fustigó Espinosa.
La Auténtica Defensa se comunicó con Gladys Dalprá, titular de la Inspección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. La funcionaria confirmó el contenido de la Comunicación 4/2020 de la DGCyE, pero aseguró que fue "malinterpretado" y que "ningún docente tiene que ir a la casa de nadie", mucho menos "romper el aislamiento".
"Por supuesto que no se arriesga a nadie", afirmó la inspectora, señalando que debido a la cuarentena "las intervenciones se hacen desde la virtualidad". Y remarcó que de llegar a ser necesario, quienes deben ir a la casa del alumno vulnerado son los profesionales de la Modalidad de Psicología.
La Comunicación 4/2020 insta a las inspecciones distritales de Psicología a "relevar todos los domicilios de integrantes" de cada escuela "y ubicarlos en un mapa del distrito en soporte papel y digital, socializarlo identificando cada ubicación con el nombre de la persona que vive allí, con el objeto de disponer de la información rápidamente en caso de necesitar ayuda" para "organizar las acciones necesarias".
En paralelo establece la conformación de un "Equipo Focal Territorial Educativo de Emergencia" (EFTEE) compuesto por integrantes de la Jefatura Distrital y la Modalidad de Psicología para que "asuma la responsabilidad de organizar e intervenir en articulación con el mapa de recursos distritales y la red de equipos complementarios" en situaciones que lo requieran.
Según Dalprá, la confusión que terminó extendiéndose entre los docentes locales se originó en un ejemplo que ella misma compartió y que fue "casado de contexto". En el caso, ocurrido en horas de la madrugada, un docente debió intervenir por un estudiante "en una situación de vulneración de derechos".
"Yo defiendo el rol que cada uno tiene en la institución y sobre todo la formación profesional", manifestó Dalprá.
