Así lo aseguraron en una videoconferencia a través de la aplicación Zoom donde analizaron las cuentas municipales y la nueva reforma fiscal. Críticas a la Agencia de Recaudación que se viene. Participaron militantes vecinalistas, de otros partidos de la oposición, empresarios y vecinos.
Cantlon se ocupó de ofrecer una lectura política de la gestión económica y financiera municipal. En ese sentido, prefirió enfocarse en la Agencia de Recaudación que, explicó, crea la ordenanza Fiscal e Impositiva que por estos días se debate en el HCD.
El concejal vecinalista consideró que se trata de una "suerte de ARBA a nivel provincial o AFIP en la Nación", pero advirtió que sus funcionarios tendrán "la atribución de hacer determinaciones de oficio de los impuestos". Es decir -amplió- la capacidad de "plantarse en un comercio o empresa, calcular lo que van a facturar y decir cuánto deben pagar" al Municipio.
"Va a aumentar la presión impositiva", sostuvo el también excandidato a intendente, algo que atribuyó a la ausencia de "gobiernos del mismo signo político" que el local "en Provincia y en Nación".
El dúo de expertos vecinalistas, los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford, abordaron la composición de los ingresos y gastos municipales y advirtieron sobre los incrementos implícitos en la reforma fiscal e impositiva.
Apoyado en gráficos, Cozzo denunció que el Municipio gastó 219 millones de pesos de más "en medio de un año electoral" como lo fue el 2019. La cuenta, arrojada por la diferencia entre ingresos y egresos que compartió, representa "una deuda" que hasta el momento el vecinalismo no pudo constatar que esté saldada debido "a la ausencia de información". Por eso Cozzo no dudó en afirmar que Abella ha "endeudado" al Municipio y que "comprometió" sus arcas. Y reconoció que no sabe "cuánta plata tiene" disponible para enfrentar la pandemia actual.
Cozzo también presentó un listado de los 16 mayores proveedores de la Municipalidad, con Agrotécnica Fueguina a la cabeza -la empresa que se encarga de la recolección de residuos- y en el que además figuran firmas como C&E Construcciones y Kavos, "una investigada en la causa Odebrecht" y la otra "con denuncias por facturas truchas en el partido de Quilmes", según apreciaciones de Cantlon.
"A la hora de profundizar en los expedientes de los contratos es donde nos encontramos con el silencio y la falta de información", cuestionó Cozzo, quien aseveró que el proceso de Rendición de Cuentas fue deficiente por "la falta de acceso completo al RAFAM", la "falta de documentación" y "el límite de tiempo que se le dio a cada concejal" para investigar: dijo que ellos solo tuvieron "4 horas" frente a los papeles.
El contador además criticó la decisión del Municipio de poner recursos en plazos fijos: por el contrario, sostuvo que la forma de ganarle a la inflación es "acelerar la ejecución presupuestaria". Y señaló que el aumento de tasas en los últimos años provocó que la Municipalidad de Campana sea "una fábrica de deudores". La morosidad, precisó, pasó de 90 millones en 2015 a casi 650 millones en 2019.
"En los últimos cuatro años, por la Municipalidad pasaron 250 millones de dólares. ¿Estamos en la ciudad que deberíamos tener por esa plata?", se preguntó el contador.
REFORMA IMPOSITIVA
Twyford abordó la nueva ordenanza Fiscal e Impositiva a la que el HCD ya dio media sanción y ahora aguarda la asamblea de Mayores Contribuyentes para recibir aprobación definitiva. El joven profesional aseguró que la Agencia de Recaudación que contempla tendrá la triple misión de "determinar impuestos, cobrarlos y controlar a los contribuyentes", cuestionó que requiera la "creación de puestos políticos" -como sus directorio, compuesto de tres personas- y su carácter "descentralizado" que, explicó, por disposición de la Carta Orgánica de las Municipalidades solo lo pueden tener las entidades "que brindan servicios hacia terceros" y no una dependencia destinada al cobro de impuestos.
Sobre las tasas que reforma o aumenta la legislación que se discute, Twyford indicó que la Tasa de Servicios Generales (ex Barrido y Limpieza) se eleva hasta un 66 por ciento. El cambio de nombre, dijo, se debe a la intención del Gobierno de cobrarla "sin importar" qué servicios concretos reciben los vecinos.
Las industrias, denunció Twyford, se ven perjudicadas por la ordenanza que el Gobierno busca sancionar. La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene pasa a contemplar en su cálculo las exportaciones, lo que podría significar un incremento significativo para aquellas empresas que dirigen al menos parte de su producción fronteras afueras, de acuerdo al contador.
Incrementos similares se prevén, dijo, en la tasa de Habilitación de Comercios e Industrias, la de Publicidad y Propaganda, Derecho de Oficinas, de Construcción y de Cementerio.
Un caso testigo de los aumentos que se vienen es, ejemplificó Twyford, la Licencia de Conducir, que pasaría a costar de 600 a 1.200 pesos para cada vecino, de acuerdo a los números que compartió ayer el contador.
