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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/ago/2020 de La Auténtica Defensa.

Opinión:
Quién tiene la última palabra
Por Mara Pedrazzoli





Mara Pedrazzoli

Se conoció un bajo nivel de adhesión a la propuesta oficial de reestructuración de la deuda externa, se ultiman detalles sobre cuestiones de fondo: posibilidades de litigio que dejen al país en manos de los principales responsables de todo esto; los acreedores.

En la semana se especuló respecto de cuántos bonistas habían otorgado su aval a la carta que firmaban los tres mayores fondos de inversión exigiendo al gobierno argentino ciertas modificaciones, especialmente legales, en la propuesta de reestructuración de deuda. Por la tarde del viernes se supo que la aceptación al canje había sido de apenas el 35% de los bonistas, es decir, que los grandes fondos de inversión habían logrado en la práctica lo que detentan en los papeles: garantizarse poder de colusión.

La normativa legal que defiende la Argentina es la que rige en las negociaciones de deuda soberana de este siglo, como apuntan especialistas tanto académicos como funcionarios públicos, y es la que instaló el último ministro de economía de Macri, Hernán Lacunza, al abrir con el "reperfilamiento" la actual reestructuración de la deuda. La "letra chica" o indenture 2016 establece que con un rechazo del 34% de los bonos elegibles (los nuevos bonos que emite el canje) se abre la posibilidad de litigios: juicios, denominados buitres, con altas chances de que el país deudor pierda, debiendo pagar el total de la deuda más punitorios.

Los bonos emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010, que también integran el canje actual, tenían indenture 2005, que habilitaba los litigios con un rechazo de apenas el 15%. Una cifra bastante sencilla de alcanzar si grandes fondos de inversión controlan las acreencias. De allí los cambios en la normativa internacional que se sucedieron luego de la crisis financiera mundial de 2008 y que defendieron, entre otros, Martín Guzmán en varios de sus trabajos académicos. La visión de que tanto deudores como acreedores son responsables por las deudas de modo que la legislación no puede premiar a unos, los segundos, sobre otros.

En la jerga cotidiana o periodística esa diferencia no es balanceada: se responsabiliza casi exclusivamente al país deudor por la irresponsabilidad fiscal para el cumplimiento de sus pagos. La crisis de 2008 con epicentro en Estados Unidos justamente mostró la connivencia de los acreedores (los grandes bancos y aseguradoras) con estructuras de financiamiento débiles por parte de los deudores. Entonces se renovaron intensos debates en la comunidad académica y política, sobre la ausencia de regulación en algunos mercados de "derivados" financieros y sobre las cláusulas legales. Hubieron cambios: aquel porcentaje que habilita la acción judicial colectiva aumentó de un 15 al 34% (nótese que aún favorece a los acreedores).

Hyman Minsky fue un teórico de peso que en su icónica investigación de 1992 describió las características de los mercados financieros en las economías capitalistas. Es sistémico, es la propia normalidad de las economías capitalistas la que alienta modelos de endeudamientos débiles o frágiles, como los llamó él. "Las economías capitalistas tienden a pasar de una estructura financiera dominada por las finanzas de cobertura (estable) a una estructura que enfatiza cada vez más las finanzas especulativas". Los inversores están ansiosos por prestar en las fases de auge, se tornan demasiado optimistas, casi no evalúan los riesgos de prestar a agentes privados o a los gobiernos: se enciende una espiral de elevadas ganancias a corto plazo que los alienta a seguir prestando. Al momento de bienestar (que no existió en el caso del último endeudamiento argentino, vale aclarar) le sigue un momento de euforia: todos piensan "esta vez es diferente", pero no lo es.

La "prociclicidad de la oferta de crédito", como la han denominado los economistas, esta idea de que en fases de auge se presta pero no en las de crisis o recesión, conlleva riesgos inminentes, como los que enfrenta nuestro país actualmente. No es la irresponsabilidad de políticos inescrupulosos, como asiente Milei, sino una falla del sistema en su conjunto, envuelto en la vorágine del lucro incesante, lo que estamos discutiendo hoy día detrás de la propuesta de reestructuración de la deuda. ¿Quiénes pagan las que otrora fueron grandes ganancias de grandes fondos de inversión financiera? Encuentro bastante alivio de que Alberto Fernández y Martín Guzmán sean nuestros representantes en tal causa, más allá de las ganas de que el acuerdo pueda cerrarse esta vez y deje un aprendizaje válido a futuro.



 
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