Desde la ONG Dignidad y Solidaridad y el espacio político Frente Justicia Social apuntaron contra la UFI Nº2 por sacarlos de la casona de Colón donde llevaban adelante una olla popular. "Nos mintió en la cara y favoreció a los sectores ricos de Campana", aseguraron. Y adelantaron que llevarán el caso ante las primeras autoridades bonaerenses.
La mañana de invierno se hace sentir. Es un día gris, frío y con una llovizna mezquina y alternante. Sobre la esquina de Colón y De Dominicis, un grupo chicos -ninguno supera los 10 años de edad- se amparan del viento y el agua bajo un gazebo y banderas tendidas entre los postes de luz. Meten sus manos en un paquete de snacks mientras esperan el plato principal, empanadas de carne fritas a la grasa que integrantes de la ONG Dignidad y Solidaridad cocinan adentro, en el reducido espacio que queda entre pilas de cajas de alimentos. Tarea solidaria que hasta esta semana llevaban a cabo en una casona sin habitar a menos de 50 metros de distancia y de donde decenas de policías los terminaron desalojando.
"Acá hay una mafia política, judicial y policial que atenta contra todos los derechos constitucionales de los campanenses", asegura Norberto Mansilla, referente de la agrupación política Frente Justicia Social que respalda a la ONG y marchó el miércoles a las oficinas de la UFI Nº2, cuando era inminente la Orden de Restitución que los sacaría de la casona de Colón 221.
Tanto la ONG como el Frente Justicia Social denuncian que la decisión del fiscal Matías Ferreiros, convalidada por la jueza de Garantías Graciela Cione, no tiene fundamentos jurídicos, ya que la propiedad del inmueble -indican- se encuentra siendo definida por el Juzgado Civil y Comercial Nº1.
La tarea solidaria en la casona de Colón comenzó en marzo de este año. Pero la ONG tiene una trayectoria mucho más amplia. Según le comentaron a este medio, fue fundada por Ricardo Zapata en el año 2011 "con el solo fin de ser solidaria y de ayudar a los sectores más postergados de Campana". Hoy lleva adelante ollas populares en Las Praderas, Otamendi, San Cayetano y Santa Lucía, obra a la que se sumó la entrega de viandas de comida los fines de semana para familias vulnerables del casco céntrico.
Primero la ONG hizo uso de un espacio cedido por el dueño de la propiedad en la esquina de Colón y De Dominicis, la misma donde ayer cocinaban las empanadas. "Estábamos en este lugar hasta que uno de los vecinos -relató Mansilla- nos hizo la llegada con la heredera de la casona que vive en Merlo. La casa estaba totalmente abandonada, destruida y con mucha maleza. Y había un hombre en situación de calle que la señora lo había autorizado a vivir allí porque lo conocía. Entonces acordamos la firma de un comodato que le permita a este hombre tener la plata para alquilar una pieza y que no se quede en la calle".
Ese comodato Ferreiros lo considera "no válido", de acuerdo le dijo este viernes a La Auténtica Defensa en referencia al caso. "Por supuesto, es una situación incómoda porque hablamos de un comedor social, pero lamentablemente como fiscal yo debo ser lineal: verificar si hay delito o no, y actuar en consecuencia", manifestó la autoridad letrada.
La UFI Nº2, con competencia en lo penal, habría actuado por el pedido del abogado Leonardo Lucchetti, apoderado de la firma Ingeniería Integral Sacifiam propiedad de la familia Sancho, que asegura tener una Sesión de Derechos que los propietarios del inmueble le cedieron en el año 1958. Así lo explica la ONG que, sin embargo, tiene documentos en donde el Juzgado Civil y Comercial Nº1 define que hasta tanto no esté resuelto el trámite sucesorio que pesa sobre la propiedad, nadie puede atribuirse sus derechos.
Hasta el miércoles, cuando la organización social se movilizó a las oficinas de la UFI 2 y el desalojo parecía inminente, había una esperanza de acuerdo. Pero luego de que decenas de policías del Comando Patrulla y del GAD los sacarán de la propiedad horas más tarde, la ONG y Frente Justicia Social endureció su postura y acusó de connivencia a los responsables de la toma de decisiones judiciales, las fuerzas policiales y la política.
"(Ferreiros) nos dijo que iba a haber un acuerdo y que nos quedáramos tranquilos, pero nos mintió en la cara todo por ser pobres y favoreció a los sectores ricos de Campana", manifiesta Mansilla, para quien la presunta cesión de derechos ocurrida en el año 1958 "es prácticamente incomprobable".
"Sancho no tiene ninguna potestad sobre el dominio, hoy es un usurpador con el aval de la Justicia", fustiga. Y afirma: "Acá hay mafia política, judicial y policial que atenta contra todos los derechos constitucionales de los campanenses".
"Hoy estamos abriendo la caja de Pandora de esta terrible aberración que está cometiendo la Justicia. Se nos están riendo en la cara a todos los campanenses. Porque si esto nos pasa a nosotros, que estamos organizados y tenemos presencia en varios distritos, qué queda para los vecinos de San Cayetano, Santa Lucía y Otamendi que pertenecen a los sectores más postergados de la sociedad", se pregunta.
Pese al revés judicial, los referentes de la ONG no planean quedarse de brazos cruzados. Cuentan con el patrocinio legal del experimentado abogado Gustavo Colettes. Y aseguran que esta semana tendrán reuniones con los ministros bonaerenses de Justicia y Desarrollo de la Comunidad, Julio Alak y Andrés Larroque. También aseveraron tener programada una reunión con el procurador general Julio Marcelo Conte Grand. El jefe de Ferreiros. "Somos una fuerza pacífica, pero ante estas injusticias nos paramos", advierte Mansilla.
Son casi las 13 y los niños debajo del gazebo prueban las primeras empanadas. Dos mujeres enfilan por De Dominicis hacia la barranca con sus respectivas viandas. Y es pausada pero incesante el arribo de personas en auto ansiosas por llevar comida a la mesa. "Viene mucha gente de clase media, los autos en los que frenan son último modelo", señala Mansilla. "Lamentablemente, la pandemia genera no solamente hambre entre los sectores postergados".
A 50 metros de donde fueron desalojados, los militantes sociales siguen con su olla popular.
Esta semana los referentes de la organización social tendrían reuniones con ministros bonaerenses.
Las actividades del Día del Niño llevadas a cabo por la ONG en la casona de Colón 211.
�� #LocalesPolíticayEconomía La ONG Dignidad y Solidaridad se manifestó ruidosamente frente a la UFI 2: Fue ayer por la mañana, mientras el abogado que la patrocina se entrevistaba con el Fiscal Ferreirós para evitar un inminente desalojo del… https://t.co/kySz2EnVmq | CampanaBA
— La Auténtica Defensa (@LADdigital) August 27, 2020
