Esta semana se aprobaron en el HCD modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano del Partido de Campana sólo con el voto del oficialismo.
En referencia al contenido, la propuesta en general le quita todo rigorismo para la urbanización y ordenamiento territorial porque deja a criterio exclusivo del funcionario de turno, la potestad para definir con total discrecionalidad el destino de todo el territorio de Campana, y además también le otorga la posibilidad de definir cuáles proyectos requerirán un control más flexible que otro.
El texto de la reforma deja sin definir cuáles serán los proyectos que serán considerados especiales y cuáles son las condiciones o requisitos que se deben analizar para ser considerado especial; lo que significa que esa calificación "de especialidad" se la otorgará el propio Departamento Ejecutivo en forma unilateral sin que haya posibilidad de discutir la interpretación que realiza el Departamento Ejecutivo; y sin que ningún vecino nos podamos enterar de la calificación adoptada porque es un expediente particular; y el Ejecutivo está negando el acceso a la información pública de todos sus expedientes particulares.
Se disminuye gravemente el control sobre el destino de los proyectos urbanísticos pequeños y grandes.
La reforma es similar a la que aplicaron con la ordenanza fiscal e impositiva, donde delegaron todas las definiciones en el Departamento Ejecutivo, estableciendo normas ambiguas, vagas y abiertas para que la interpretación que haga la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Planificación y Obras Públicas sea la determinante.
Aclaramos que la definición de ordenamiento territorial también es una facultad legislativa en el municipio e incluso que existen normas provinciales que le dan marco, un límite respecto del cual no pueden quebrantar.
Sin embargo, sabemos por experiencia que estas definiciones cuando se toman en un expediente administrativo particular que sólo ven los funcionarios y que no están al alcance de la población en general, esos límites no siempre son respetados. Por eso, lo importante es definir claramente el marco en la ordenanza y evitar dejar artículos que establezcan normas vagas, ambiguas e indefinidas en el ámbito legislativo, porque eso dará lugar a interpretaciones de la autoridad de aplicación, en este caso el Departamento Ejecutivo.
Además de estos temas, que para mí son los más relevantes, porque nos dan luz sobre la intención del Municipio de Campana, donde se deduce la pretensión de dar rienda libre a los emprendimientos inmobiliarios en nuestra ciudad.
También se modificó la conformación del Consejo Urbano Ambiental donde se dejan huellas de la clara intención de controlar este órgano.
Brevemente, los vecinos tienen que saber que, a partir de ahora, el CUA (Consejo Urbano Ambiental) no tiene definido el número total de integrantes; porque la propuesta del Ejecutivo, otra vez con artículos vagos e indefinidos dice que los miembros que representen al ámbito público serán los funcionarios de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas (sin aclarar si directores, subdirectores, jefes de departamento, están incluidos) y agrega, como todos aquellos funcionarios que por su área de competencia deban participar (lo que deja abierto para la incorporación de todos los funcionarios que se le antoje).
Estas modificaciones dejan en ridículo el CUA como organismo donde se discutía de forma abierta, transparente y sincera los cambios de destino de nuestro ordenamiento urbano y territorial; porque ahora la mayoría la obtendrá siempre el ámbito público con el nombramiento a discreción de los funcionarios que se le antoje.
Lo más triste es que los cambios de destino que puedan definirse ahora unilateralmente, también puede afectar seriamente nuestro ambiente y recursos naturales, pero también nuestra calidad de vida como vecinos de un barrio cualquiera de nuestra ciudad; porque hoy a nadie le importa esta reforma; pero empezará a interesarles a los vecinos que sufran cerca de sus hogares alguna gran modificación en el ordenamiento urbano y territorial, pero ya será tarde para poder resolverlo; porque con total discrecionalidad, con la mayor celeridad, y en absoluta soledad el oficialismo avanzó igual con una transformación que afectará a todos; y la aprobó sólo con el apoyo de la mayoría circunstancial de estos dos años legislativos.
La razón que esgrime el oficialismo para avanzar en esta reforma es que mejorará la actividad económica de nuestra ciudad, el impulso de inversiones que vendrán a realizar desarrollos inmobiliarios. Al respecto, celebro que se impulse la economía de nuestra ciudad; compartimos ese deseo; pero así como el aumento del importe de las tasas municipales; la necesidad de mejorar la recaudación no se justifica a cualquier precio. El fin no justifica los medios; y en ese sentido, así como las tasas municipales; las reformas deben realizarse con el consenso de la totalidad de la población para que sean efectivas, porque lo contrario, tarde o temprano traerá conflictos.
La solución es una reforma claramente redactada sin vaguedades y delegaciones de interpretación, que elimine la burocracia y que facilite la inversión; pero sin descuidar la necesidad de obtener consensos que eviten dejar librado el futuro de nuestra ciudad a los funcionarios de turno; de manera de tener más garantías y que juntos podamos avanzar con más fortaleza.
