"El manicomio, lejos de curar, arrasa en salud mental", advirtió una psicóloga especialista.
Con la finalización del 2020, la Argentina incumplió con los plazos legales establecidos para el cierre de los manicomios, que siguen siendo lugares donde se profundiza la exclusión de los pacientes con trastorno mentales.
La Ley Salud Mental, sancionada en el año 2010 y reglamentada en el año 2013, promueve la sustitución definitiva de los hospitales monovalentes de internación por servicios basados en la comunidad y orientados a la inclusión social de todas las personas.
Basada en el Consenso de Panamá, la norma establecía que el plazo para el cierre de los neuropsiquiátricos era el año 2020: la falta de avances hizo que no se cumplieran los compromisos asumidos.
"En la próxima evaluación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (con sede en la ciudad suiza de Ginebra) el Estado argentino tendrá que dar de lo que hizo y lo que no", advirtió la coordinadora del área de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabín Paz.
La licenciada en Psicología advirtió sobre la "falta de políticas públicas concretas para materializar lo que establece la ley" en cuanto al objetivo de la desmanicomialización.
En 2019 se realizó el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que reveló que había 12.035 personas internadas en 162 instituciones públicas y privadas.
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