Amnistía Internacional alerto en un informe publicado a fines de marzo de este año sobre la urgencia de tomar medidas para que los planes de vacunación lleguen a más gente. Destaca que casi el 40% de los hogares de América Latina y el Caribe no tiene conexión a internet y califica como "preocupante" que los Gobiernos no estén respetando el derecho a acceder a la información detallada sobre los programas de inmunización.
El informe cita algunos ejemplos a los que califica como "vergonzosos" sobre el proceso de vacunación en Sudamérica. Menciona a Perú donde cientos de funcionarios del Estado habían recibido la vacuna antes de que fuera su turno, y a la Argentina tras conocerse que empresarios, periodistas y empleados del Gobierno habían sido vacunados sin estar incluidos entre los grupos prioritarios.
La ONG insiste en llamar a los Estados a priorizar a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia y resalta que "el 2021 está marcado por jornadas electorales en varios países de la región. América Latina podría ser víctima del uso de las vacunas con fines políticos". "Los ciclos electorales pueden ser momentos en los que los gobiernos podrían presionar a determinados sectores de la sociedad".
Advierte que "la distribución de la vacuna merece ser más justa, como también la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia".
En este sentido parece importante resaltar que en nuestro país, mientras desde el estado se exigen continuos esfuerzos a la población, que no solo son de restricción de circulación y educación, sino que ellos inciden directamente en lo económico; estos esfuerzos no encuentran un correlato de coherencia y transparencia sanitaria en el estado.
La vacunación masiva es el gran mitigante para que no se siga desmoronando la salud, la educación y la economía, sin embargo, no existe ni celeridad ni transparencia en este tema. Aquí resulta imprescindible recordar que existen múltiples sectores de cuentapropistas y trabajadores informales a los que no se los autoriza a trabajar, pero que tampoco cuentan con la ayuda del estado. Es decir, a quienes no se les permite trabajar, tampoco se les ofrece una salida alternativa.
En este marco, de cierre de actividades y confinamiento de la sociedad, le falta una hoja de ruta, un direccionamiento, un liderazgo. Mientras no se sepa por cuánto tiempo duraran las restricciones (lo que implica dar una idea de escenarios), cuando llegaran las vacunas (cuál será el criterio de vacunación) y cómo se planifican las áreas más sensibles de la estructura del país.
Cabe preguntarse si no es irresponsabilidad estatal (económica, educativa y social) caer en la exigencia del confinamiento de la sociedad como única medida contundente. Los esfuerzos ante la pandemia incumben a toda la sociedad, pero nada reemplaza al rol del Estado. Siempre se está a tiempo de reaccionar y enderezar el rubro. Esperemos que suceda rápido y que todo el arco político y social sea capaz de enfocarse en los temas que importan, en este momento crítico.
Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com
