Desde hace tiempo en el mundo empresario se acostumbra a imponer condiciones de confidencialidad para evitar que cierta información pueda llegar a manos de la competencia habida cuenta del valor que se le asigna.
Llamativamente los estados han aceptado o quizás propuesto que ciertas negociaciones incluyan clausulas de confidencialidad y por lo tanto quienes han participado de dichas tratativas no pueden en ninguna circunstancia brindar información sobre lo acontecido salvo el resultado final.
Como fácilmente se puede ver esta práctica es inaceptable en una nación democrática donde el gobierno es representante del pueblo y por lo tanto todas sus acciones deben estar en conocimiento de los ciudadanos y es por eso que lo que los gobiernos hagan debe ser absolutamente transparente, cualidad tantas veces prometida y tan pocas veces practicada.
Por otro lado esta falta de información se contrapone con nuestra constitución que garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública.
Sin embargo comprobamos que esta confidencialidad rigió en las negociaciones con los laboratorios para la compra de vacunas especialmente en las correspondientes a la vacuna de Pfizer contra el virus COVID-19.
Cuando se desató el impresionante lobby por parte de la oposición y los medios hegemónicos de comunicación a favor de esa vacuna fue el entonces ministro de salud Ginés González García quién manifestó que no podía hablar de las exigencias pretendidas por el laboratorio que impedían concretar la compra por estar comprendido en una cláusula firmada de confidencialidad.
Esta falta de información posibilitó especulaciones diversas, incluso algunas decididamente mal intencionadas como la insinuación de actos de corrupción por parte de Patricia Bullrich quien debió luego retractarse ante lo declarado por el propio laboratorio.
Tampoco sabemos qué condicionamientos del laboratorio han cambiado y/o en qué se ha cedido para permitir que ahora se haya podido firmar el acuerdo con Pfizer
Aunque no se explicitó todo indica que las largas tratativas con el FMI para tratar de refinanciar la escandalosa deuda heredada del anterior gobierno en condiciones aceptables para el pueblo argentino también son confidenciales por lo demasiado poco que sabemos al respecto.
Pese a que la llegada de Kristalina Ivanova Georgieva a la dirección del Fondo se promociona como un cambio favorable a nuestros intereses y los numerosos apoyos internacionales conseguidos sabemos de las durísimas condiciones económicas que se pretende imponer para aceptar cualquier refinanciación.
No se puede desconocer la vital importancia que para nuestro futuro tiene el acuerdo que se pueda conseguir y las dificultades que persisten en lograr que no resulte inaceptable para el gobierno si es que está decidido a cumplir sus promesas pero fundamentalmente que provoque más desigualdades y pobreza.
Cabe preguntarse si hay cosas tan vergonzantes que no pueden conocerse.
Tal como la historia nos ha demostrado los problemas de la democracia se solucionan con más democracia para lo cual es necesaria más transparencia que facilite una mayor participación ciudadana achicando la distancia entre gobierno y gobernados, entre representantes y representados.
Además de esta manera se puede evaluar correctamente la calidad de lo que se pudo conseguir.
Como en mayo de 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata y tiene todo el derecho a saberlo.
