Las noticias económicas de la semana siguen centralizadas por el control de precios. Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense que publicó el diario La Nación advirtió sobre un acatamiento a los precios congelados en un 70% de los comercios inspeccionados (en 43 ciudades, siendo en total 135). A su vez consignó que solo un 33% de aquellos tiene disponibilidad de stock en un rango del 67 a 100%; en esos términos el cumplimiento es bajo. Otra mensura es la evolución de los precios, seguida por el método de scraping del Ceso: en la última semana el precio los alimentos cayó -0,1% versus 2,1% de aumento promedio en el mes. Las incógnitas: ¿cómo controlarán a los supermercados chinos y comercios de barrio?, ¿se implementar una "canasta alimentaria regulada" más allá del 7 de enero?
Feletti consiguió el respaldo de un decreto presidencial que avala a intendencias y gobernaciones a allanar en horas hábiles locales de comercio o producción, labrar actas de infracción así como buscar resolver el hecho y hasta clausurar por tres días los locales. La medida llega tras la reunión de los mandatarios en Casa Rosada. Denunció además públicamente la presión de dos grandes supermercados (Coto y Changomás, de Francisco de Narváez) sobre la cadena alimenticia al negarse a retraer debajo del 30% su margen de ganancia.
Débora Giorgi se reunió con representantes las dos cámaras de supermercados (CAS y FASA) y les solicitó información detallada de la cadena (proveedores directos y canales de distribución) para volver a reunirse en 15 días; advierten que algunos productos que integran la canasta de congelados ya no existen. Las asociaciones con las que el gobierno tiene diálogo más frecuente son ASU y CADAM.
Las críticas fervientes provienen de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Copal y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Perjudicadas también por la Ley de Etiquetado Frontal.
Pero quitemos el foco de lo pequeño hacia la tendencia general, de los salarios, que fue actualizada por INDEC esta semana. Allí se observa una enorme disparidad entre los salarios que cobra el sector informal y los trabajadores registrados: frente a la inflación los primeros se ubicaron -8 puntos por debajo mientras los segundos 0,5 puntos arriba en el acumulado al mes de agosto. Sin dudas está allí, en el sector no registrado (y también en las jubilaciones y actividades de bajos ingresos) el principal problema que enfrenta hoy día la economía argentina.
Así, se conoció esta semana que adelantarán tres meses el aumento de las jubilaciones de docentes nacionales que debía cobrarse en marzo de 2022 y que las empleadas domésticas recibirán también dos incrementos no acumulativos en noviembre y diciembre de este año. El generoso complemento que duplica las asignaciones familiares de los trabajadores registrados entre octubre y diciembre también se hizo efectivo el martes. Y, aunque quizás sea un trascendido solamente, el gobierno estaría evaluando reabrir nuevamente algunas paritarias, que habían sido reabiertas en junio para acercar los incrementos en torno al 45% pero este año la inflación cerrará más cercana al 50%. Ese reajuste paritario permitió sacar ventaja a los empleados registrados, si el salario mínimo (que funciona como referencia en sector informal) también recuperó en los últimos meses esta suba no llega a generalizarse.
Más empleo en sectores de baja productividad y bajos salarios parece ser la estrategia del gobierno en el corto plazo: el plan de reconvertir los planes sociales en empleo (en rubros como la construcción, huerterxs, textil y gastronomía con distintos grados de avance). Es que la actividad económica repunta, impulsada especialmente por el comercio, pero necesita del Estado, de mucho Estado para sacar a la población adelante.
