Los medicamentos, el precio de los alimentos, el precio puntualmente de la carne, las tarifas de los servicios públicos y de los planes de telefonía móvil e internet -que fueron declarados esenciales en 2020- forman parte de una canasta de monitoreo constante y de manera cada vez más detallista por parte del Estado, con la intensión de garantizar alguna mejora en la equidad distributiva. Esa era una idea repetida en los años de gobierno kirchneristas: la defensa de la equidad (pedirle al capital que gane por volumen de ventas y no por rentabilidad unitaria), la tercera posición peronista.
Además este año se identifican tres situaciones de peso: el aumento de la pobreza producto de la pandemia y de dos años críticos previos; la necesidad de cuidar las políticas de ingresos que con enorme esfuerzo (dado las limitaciones que impone el endeudamiento) está desarrollando el gobierno y también la disociación entre la evolución de algunos precios y sus costos (como el tipo de cambio, las tarifas, los salarios y el combustible) que han permanecido prácticamente estables.
Así, el pasado jueves el gobierno alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios del país para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo. También se prevé un tercer capítulo en la política de control de precios que lleva adelante la secretaria de Comercio Interior que es el de ciertos insumos de uso difundido para la industria.
En los primeros nueve meses de este año la inflación en medicamentos superó en casi 10 puntos al aumento (del 37%) del índice general de precios, y en 2020 habían tenido igual performance. Los que más subieron fueron los más usados: el informe del Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) indicó que en los casos donde además necesitó prescripción médica se detectaron picos del 86%, en los de venta libre subas de hasta 73% y similares en las prescripciones pediátricas y el segmento de anticonceptivos.
Además advierten una gran diferencia de precios entre los remedios que contienen el mismo principio activo pero pertenecen a distintos laboratorios: el precio se triplica y hasta cuadruplica. De allí la necesidad de retomar la prescripción por nombre genérico que había puesto en marcha la Ley 25.649 sancionada en 2002. El consumidor debe poder elegir el precio a pagar por las drogas de uso ambulatorio, pero su habilidad para sortear las prácticas de la competencia concentrada no solo dependen del texto de una norma sino de la atención política.
Son lxs jubiladxs un grupo vulnerable a los que estas políticas están dirigidas, solo en aquellos medicamentos prescriptos por PAMI no se observaron llamativos aumentos. Lo mismo ocurre con el control de precios de los alimentos, que integran el grueso de la canasta de consumo de los hogares de bajos ingresos. Hay un escollo allí, un detalle que la política no puede sortear que es el 32% de las ventas las se explican por las cadenas de super e hipermercados, más un 10% adicional que suman las tiendas de cercanía, pero los comercios de barrio y supermercados chinos quedan presos de la remarcación de sus grandes proveedoras.
A su vez entre los supermercados, seis grandes cadenas concentran el 80% de las ventas. Allí, la falta de reglas explícitas impide regular la competencia en el interior de los locales. Un aspecto que busca regular la Ley de Góndolas (en vigencia desde el 15 de mayo): que el precio visible para el consumidor final no sea el de la empresa dominante, la Ley establece que el "producto de menor precio" debe encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante.
Un difundido informe del CEPA mostró que las grandes empresas productoras en el rubro de consumo masivo concentran en varios casos más del 70% de las ventas de determinado producto: en el caso de los fideos concentra el 73% de la facturación solo Molinos Río de la Plata, el 71% de las mermeladas las vende Arcor, el 78% de las cervezas en todo el país las cobra Quilmes. Mastellone, Sancor y Danone se llevan el 73% del rubro lácteos. Colgate-Palmolive el 89% de las cremas dentales.
Esas empresas tienen posición dominante también en otros productos aunque con porcentajes menores (Molinos es fuerte en arroz, aceites, café; Arcor tiene presencia en galletitas, enlatados y aderezos; Unilever participa en 12 categorías con posición fuertemente dominante en seis). El monopolio se logra a veces mediante la comercialización de distintas marcas y otras con prácticas de publicidad engañosa; como las que intenta regular (muy simplificadamente) la flamante Ley de Etiquetado Frontal.
Arcor, Molinos, Ledesma son empresas que enfrentaron pérdidas en el trienio 2017-2019 y durante 2020 dieron vuelta los resultados de sus balances. Se intenta preservar el balance de las familias con precios de referencia de aquí en adelante.
