Pasadas las elecciones de medio término y con la mayoría de la población vacunada el gobierno deberá encarar más temprano que tarde la concreción de las promesas por las que tanta gente los votó hace dos años y que sigue esperando con una paciencia que evidentemente se está agotando con los riesgos que esto implica para lo que suele denominarse "paz social".
Es curioso que muchos ciudadanos que hace dos años votaron al actual gobierno para sacarse de encima a un neoliberalismo que los estaba endeudando y empobreciendo hoy votan al macrismo para expresar su bronca y no hayan elegido otras opciones electorales, tanto a derecha como a izquierda o el voto en blanco.
En las larguísimas tratativas con el Fondo Monetario Internacional el gobierno ha podido comprobar que pese a la buena predisposición de varios mandatarios de países importantes el FMI está demostrando que prácticamente no ha cambiado y que Kristalina Georgieva es la continuidad de Christine Lagarde.
Si bien es muy poco lo que se sabe hasta el momento se pudo conocer que no habrá una extensión del plazo de diez años para pagarlo ni tampoco se reducirán las sobretasas que se cobran a los países cuyas deudas superan lo permitido por los estatutos del Fondo entre los que se encuentra nuestro país.
Tanto el gobierno cómo el FMI están de acuerdo en reducir hasta su extinción el déficit fiscal, esto es cuando el estado gasta más de lo que recauda pero se sigue discutiendo el plazo para lograrlo y por lo tanto el monto a reducir cada año y en definitiva quienes pagarán el ajuste.
Tengamos en cuenta que como cualquier déficit se puede reducir mediante el recorte de los gastos o el incremento de lo recaudado sin embargo en los medios hegemónicos y en la derecha liberal sólo se habla de achicar los gastos haciendo hincapié en los gastos sociales y más precisamente en los subsidios a los pobres e indigentes.
Poco se habla de otros ajustes posibles como son los enormes subsidios que se destinan a abaratar consumos de las clases menos necesitadas como la educación privada, la salud privada, el turismo, las tarifas de los servicios públicos aún sin la prometida segmentación y tantos otros.
Tampoco se habla de reforzar los controles y evitar la enorme evasión fiscal que significa la subfacturación de exportaciones de granos mediante la triangulación con países vecinos como Uruguay o Paraguay o directamente sacados clandestinamente del país.
Se habla mucho de que el acuerdo al que se estaría alcanzando no afectará el crecimiento de nuestra economía tal como reclaman "los mercados" pero no se escucha que con igual énfasis se esté peleando por disminuir drásticamente las enormes desigualdades que más allá de los deseos siguen creciendo.
Recordemos que el presidente en su discurso en el Congreso al asumir en diciembre de 2019 dijo: "En esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos."
También en ese discurso dijo: "Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las insuficiencias de la democracia sólo se resuelven con más democracia." Por lo que sería muy saludable que el acuerdo con el FMI se ponga a consideración de todos los ciudadanos mediante un plebiscito dado que afectará la vida de varias generaciones.
Sería interesante comenzar a pensar la manera que se debe institucionalizar una mayor participación ciudadana que profundice esta democracia para evitar el surgimiento de grupos promotores de la insolidaridad, la violencia y el autoritarismo como se puede ver en todo el mundo antes de que tengamos que arrepentirnos.
