Será un diciembre atípico en el Congreso de la Nación, lxs nuevxs legisladorxs asumen el día 10. El debate por el Presupuesto 2022 y el Plan Económico Plurianual (que retiene las promesas al Fondo) esperan. El Congreso girará a estribor a juzgar por el resultado de las elecciones y por algunas discusiones recientes que también ingresarán al recinto.
Haciéndose eco de una controversia marcada por la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció públicamente el miércoles ante la Cámara de la Construcción que la Ley de Alquileres había fracasado. La Ley extendió el período de los contratos (de dos a tres años), pautó un coeficiente de actualización anual en base a la variación de precios y salarios, y estableció que los contratos debían registrarse en AFIP. Pero según fuentes periodísticas apenas el 8% de los convenios se hayan registrados. La Ley no se cumple, los propietarios rechazan contratos largos y un ajuste que debiera ser del 50% anual para las firmas de noviembre: por debajo de la inflación, por encima de la suba de los salarios.
El nuevo proyecto de ley deberá mediar entre ambas puntas, no se propone (al menos desde la palabra de Massa) como una estrategia para defender a los inquilinos exclusivamente. Un problema a resolver es la caída de la oferta de departamentos para alquiler. Por otro lado, las dificultades técnicas para avanzar en una mejor fiscalización de los contratos están a la orden del día: catastros desactualizados y regidos a escala municipal, pequeñas inmobiliarias o propietarixs que operan en la informalidad, consideraciones al identificar la unidad de análisis (¿la vivienda o las propiedades?), etc.
Si la Ley de Alquileres será suspendida por 180 días hasta su nueva versión, otras dos que acompañarán el debate serán prorrogadas por 150 días: el "blanqueo" de capitales para financiar la construcción y los créditos hipotecarios a tasas subsidiadas para adquisición de vivienda, atados al índice de variación salarial y no a la inflación. Ambas fueron aprobadas bajo el nombre de Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda en febrero del corriente pero se reglamentaron en abril; esa demora implicó que el tramo más atractivo para el blanqueo (el de los primeros 60 días desde la sanción que implicaban un costo del 5% de los "exteriorizado") no pudiera ser aprovechado (a un mes de la sanción el costo era del 10% y -hasta el 9 de julio pasado- equivalía al 20%).
Otra ley que no funciona. Desde el gobierno estimaban que reingresarían al sistema unos USD 5.000 millones pero la cifra fue sensiblemente inferior. La prórroga dejaría abierta la posibilidad de que el Ejecutivo la extienda por 150 días adicionales en el caso que el blanqueo resultara exitoso.
Las normas siempre dejan cabos sueltos. Y es desde allí que se entiende la decisión del pasado jueves del Banco Central de limitar la posibilidad de que los argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios en el exterior en cuotas usando su tarjeta de crédito. El gobierno había identificado un "rulo" financiero que consistía en sobrecargar las tarjetas y declararse en mora para financiar los gastos a una tasa del 43%, tasa congelada por decisión presidencial para evitar conductas usureras durante la pandemia. La inflación acelerada, una devaluación como amenaza y una tasa fija al 43% conformaban un escenario tentador para los gastos en divisas, en un contexto (los meses de diciembre a febrero) donde las reservas no crecerán copiosamente. La medida será transitoria, o revisada a futuro, como varias otras.
