En la reunión semanal de la Unión Industrial de Campana y, ante el pedido de algunos socios e informaciones periodísticas, se debatió con la participación de especialistas sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia, respecto a indenmizaciones.
Por ese motivo, contactamos al Sr.Luis Rouch, presidente de la Unión Industrial de Campana. El mismo nos manifestó la gran inquietud existente entre los empresarios industriales de la zona, especialmente los del sector Pyme, ya que el mencionado fallo permitirá a los trabajadores reclamar ante la Justicia una indemnización mayor a la fijada por la Ley de Riesgos de Trabajo.
Esta situación puede derivar en grandes perjuicios ante la eventualidad de casos complicados, generando mayores costos y consecuencias imprevisibles.
La Corte declaró inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo. El fallo señala que las ARTs deberán seguir brindando las prestaciones y pagar las rentas e indemnizaciones que marca la ley de riesgos laborales. Y si la Justicia determina una suma superior, los empleadores deberán cubrir la diferencia.
El fallo se originó por la demanda de un trabajador de 29 años que perdió el 100% de su capacidad laboral al caer de un techo a 10 metros de altura, ¨sin que se le hubiera provisto ningún elemento de seguridad o se hubiera instalado una red o mecanismo protectorio para el supuesto de caídas¨.
El fallo provocó el rechazo de las ARTs y de los empresarios. Y recibió el apoyo de abogados laboralistas, de la CGT y la CTA.
En los considerandos la Corte sostiene que ¨el sistema de riesgos del trabajo se aparta de la concepción reparadora integral pues no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de capacidad de ganancias del trabajador, lo cual a su vez, resulta conmensurable de manera restringida¨.
La Ley de Riesgos del Trabajo, que entró en vigencia en julio de 1996, creó un sistema especial obligatorio para los accidentes laborales a cargo de las ART.
Contra el pago de una cuota mensual a cargo de los empleadores, la ley determinó que tanto la atención médica como las eventuales indemnizaciones o rentas quedaban a cargo de las ART, que debían abonar al trabajador accidentado, o a sus familiares en caso de fallecimiento, una indemnización o una renta mensual tarifada, con topes, según el grado de incapacidad, sueldo y edad del trabajador.
Además, en su artículo 39, la ley precisó que el trabajador debe cobrar las rentas o indemnizaciones establecidas sin tener el derecho de recurrir a la Justicia por la vía civil para reclamar una ¨reparación económica integral¨, como la que le correspondería a cualquier ciudadano que hubiera sufrido un accidente similar. Y eximió a los empleadores de toda responsabilidad civil, salvo en caso de dolo, es decir si se demostrara que hubo intencionalidad manifiesta del empleador de dañar al trabajador.
Sin desconocer las obligaciones de los empresarios en lo referente a la capacitación de su personal, el análisis de riesgos, la implementación de medidas de seguridad y la provisión de elementos de seguridad, L.Rouch nos manifestó la preocupación existente entre los empresarios ya que para hacer frente a eventuales siniestros se deberá contratar una póliza especial de responsabilidad civil, originando mayores costos y complicaciones en la operatoria habitual.
La UIC confía en el éxito de las autoridades las que se hallan abocadas a encontrar una solución que, según trascendidos, sería la modificación de los topes de la actual Ley de Riesgos de Trabajo para evitar una andanada de juicios que como ha sucedido en el pasado no compensan en forma efectiva a los damnificados sino a quienes los representan. De todas maneras esta solución redundaría en mayores costos, aunque los mismos serían equivalentes para todas las empresas.
Creemos que la ley debería establecer claramente los montos indemnizatorios de forma tal que todo se desarrolle ar- mónicamente sin la participación de terceros para no aumentar los costos en juicios innecesarios.



