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» Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa.

Opinión:
Reservas, gastos y precios, ¿qué entra y qué no en el monitoreo?
Por Mara Pedrazzoli







Mara Pedrazzoli

Afortunadamente el Acuerdo no contempla metas inflacionarias aunque estipula un aumento del 43%. Los precios subirán más este año y eso permitirá licuar gastos, señalan algunos especialistas: por ejemplo, las jubilaciones que crecen en línea con la variación salarial y de la recaudación del trimestre anterior o el gasto en subsidios energéticos atados al aumento salarial del año anterior.

Finalmente, el pasado viernes el Directorio del FMI avaló el Acuerdo de Facilidades Extendidas con nuestro país lo cual permitió girar de manera casi automática unos USD 9.700 millones que se utilizarán para cancelar vencimientos de capital e intereses por USD 2.800 millones reprogramados para el jueves 31 de marzo y para engrosar las reservas (que en lo que va del año crecieron nada menos que USD 4.000 millones). El Acuerdo regirá por dos años y medio y constará de diez revisiones técnicas para aprobar los sucesivos desembolsos, la deuda final se repagaría entre 2026 y 2034. El Fondo emitió un comunicado donde advirtió sobre riesgos "excepcionalmente altos" y no descartó una "recalibración temprana" del plan.

Por ejemplo, el precio del gas que aumentó tras el enfrentamiento armado en Ucrania tuvo un efecto de shock sobre el costo de la generación de electricidad: el mismo supo promediar los USD 3 y ahora se prepara a superar los USD 5,5 por millón de BTU. Eso complica un escenario ya delicado por la sequía de comienzos de año que obligaba a importar más combustible y el costo creciente de las importaciones de GNL dado el menor aprovisionamiento proveniente de Bolivia. La reducción de los subsidios energéticos prometía una merma de 0,6% del PIB del gasto de los cuales la segmentación aportaría 0,06% del PIB acorde al plan aprobado.

Pero las "metas indicativas" a evaluar por el Fondo son más generales, en materia fiscal deberá comprobar que el piso del resultado primario del sector público nacional sea de por lo menos $ -222.300 millones en el primer trimestre del año y los datos serán remitidos a más tardar 25 días calendario desde fin de marzo. La información de tarifas será monitoreada pero no evaluada.

Sobre el cumplimiento de la meta fiscal del primer trimestre del año hay opiniones encontradas: algunxs analistas advierten que en enero y febrero se acumuló apenas el 41% del déficit programado mientras otrxs señalan que marzo es un mes de mayores gastos lo cual pone en jaque a la meta. En el primer bimestre se acumuló un déficit de $ -93.000 millones, los ingresos crecieron 1,4% y el gasto 8,4% en términos reales.

Afortunadamente el Acuerdo no contempla metas inflacionarias aunque estipula un aumento del 43%. Los precios subirán más este año y eso permitirá licuar gastos, señalan algunos especialistas: por ejemplo, las jubilaciones que crecen en línea con la variación salarial y de la recaudación del trimestre anterior o el gasto en subsidios energéticos atados al aumento salarial del año anterior. Todos ellos representan porciones inferiores en las erogaciones del año en curso. En tanto, otrxs analistas destacan un efecto contrario conocido en la literatura como Olivera-Tanzi: como los gastos corrientes aumentan a la par de la inflación mientras la recaudación crece con cierto rezago, se produce un deterioro en las cuentas públicas porque el valor real de lo recaudado es sensiblemente inferior al gasto. Las primeras especulaciones ya giran sobre la mesa..

El gobierno y las grandes cadenas de supermercados acordaron retrotraer los precios de una canasta que supera los 600 productos al 10 de marzo. Si bien los productores de trigo y maíz niegan la incidencia de estos valores sobre los productos procesados, la Secretaría de Comercio Interior había detectado aumentos de casi 40% en harinas y aceites, entre otros derivados. Se denunció a las grandes alimenticias como La Serenísima y Molinos Río de la Plata que además habrían estado priorizando el abastecimiento a los comercios de proximidad para evitar el Precios Cuidados (que ahora busca extenderse hacia allí). Las negociaciones se tensan y fue el propio presidente quien amenazó en aplicar la Ley de Abastecimiento si continúan confirmando este tipo de comportamientos.



 
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