Debido a los múltiples engaños que se cometen utilizando los teléfonos ubicados en el interior de los penales bonarenses se ha decidido realizar un control de los mismos, incluyendo a los ubicados en la Unidad Nº 21 de nuestra ciudad.
La medida parte de un problema concreto detectado en diversas unidades penitenciarias de todo el país en los últimos meses: desde los teléfonos de los pabellones los internos organizan coberturas para bandas que actúan afuera, a las que ayudan saturando las líneas de las comisarías de la zona en la que van a dar un golpe o llamando a los bomberos para denunciar falsos incendios y así desviar la atención. Y esta modalidad se suma a un delito más extendido en las cárceles: los secuestros virtuales, que consisten en engañar a una persona asegurándole que un familiar suyo está cautivo, algo que se ha denunciado en varios casos en nuestra ciudad.
Como en el resto del sistema telefónico, las líneas de las cárceles están repartidas casi por igual entre Telefónica de Argentina (unas 600) y Telecom (unas 400). Ambas empresas recibieron pedidos de lo servicios penitenciarios para hacer restricciones al servicio de los teléfonos públicos de las cárceles.
En 2003 los teléfonos públicos de los penales dieron pie al boom de los ¨secuestros virtuales¨, que obligaron a las autoridades a organizar una primera tanda de restricciones telefónicas.
Esta modalidad es como un cuento del tío del siglo XXI y, según fuentes policiales, hubo 3.000 casos en lo que va del año en todo el país, mas de 50 habrían ocurrido en nuestra zona. Los presos se comunican (en general ¨al voleo¨) a una casa particular. Le hacen creer al que atiende que tiene cautivo a algún familiar.
¨Lo llamo porque hubo un accidente con un miembro de su familia¨. Con esta frase, o una muy similar, comienza el engaño en el que la víctima termina aportándole al secuestrador datos clave. ¨¿Le pasó algo a mi hijo?¨, pregunta confundida la ¨presa¨.
Entonces la víctima escucha que no hubo un accidente y que en realidad su hijo está secuestrado. El rescate debe pagarse comprando tarjetas telefónicas con códigos, muy preciadas en los penales porque funcionan como dinero en efectivo.
Los rescates solicitados oscilan entre los 40 y los 2.000 pesos, aunque como el modus operandi es precario, no siempre da resultado. Hoy para combatir esta y otras modalidades se impusieron restricciones, pero todavía no existe un criterio unificado:
Por eso ahora el Servicio Penitenciario bonaerense dispuso que los presos pueden hacer llamadas vía operadora (marcando 19) por cobro revertido. Pero a la persona que recibe la comunicación se le advierte (con una grabación) que la están llamando desde una cárcel y se le pide que marque el número 3 para dejar claro que acepta la llamada. En general lo que se recomienda es que no se acepten este tipo de comunicaciones y que ante alguna situación como esta se de inmediata intervención policial.
