Finalmente el gobierno definió un esquema para la quita, gradual, de subsidios a la electricidad y el gas natural con la publicación del Decreto 322/22 el pasado viernes.
La famosa segmentación tarifaria se hará por tres niveles, tal como estaba contemplado: el primero se forma con los beneficiarios de la tarifa social (aquellos que cobran menos de una Canasta Básica Total de $30.000 por mes), el segundo básicamente por la clase media cuyo aumento no será mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior y el tercero por quienes abonarán la tarifa plena.
Los niveles 1 y 2 ya recibieron aumentos este año (en el primer caso la suba fue del 21% y en el segundo promedió un 42%) y no percibirán incrementos adicionales. Se trata del 90% de los usuarios, según aclaró la vocera presidencial. Para el restante 10% los ajustes serán retroactivos al 1° de este mes con tres aumentos bimestrales de entre $1.000 y $1.500 en promedio, pero no se informó aún de cuánto será el aumento (variaciones de entre 150 y 200% habían sido estimadas por consultoras). Otro problema es que las diferencias tarifarias según regiones no se corregirán: un usuario del interior pasará de pagar $7.000 a $8.000 mientras en CABA los aumentos serán de $500 a $1.500, como ejemplo.
Si efectivamente el 10% de los usuarios abonasen la tarifa plena, el ahorro fiscal sería de $15.000 millones durante el segundo semestre, según informaron fuentes oficiales. Esto representaría apenas un 0,02% del PIB, lejos del 0,6% prometido al FMI que el propio organismo ya había puesto en dudas ante el impacto de la guerra ruso-ucraniana sobre el precio de los combustibles. Desde Economía aclararon que la cifra es baja porque la quita aplica solo sobre seis meses y de modo gradual.
Además, desde la semana próxima, todos los usuarios de los servicios de gas y electricidad deberán registrarse en una página que pondrá a disposición la Secretaría de Energía para solicitar que no se le quite el subsidio al servicio. Si no lo hacen, comenzarán a pagar la tarifa plena de manera gradual a partir de este mes, y solo si reclaman se revisará su caso. Los únicos que no están obligados a registrarse en el RASE son los beneficiarios de los planes sociales.
La declaración jurada se cargará en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y también se creará un Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT), en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para administrar el flujo de datos. La información del ReNUT será integrada al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio, que se nutre con información de la Anses.
Los encargados de llevar adelante la implementación son los entes reguladores, y llamó la atención en el sector la ausencia total de comunicación con las empresas distribuidoras. "Ni siquiera nos llamaron para contarnos que iba a salir el decreto y explicarnos la forma en que íbamos a cobrarlo", dijeron. Ese escollo fue atribuido a la interna del FdT pues quiénes dirigen los entes (Federico Bernal de Enargas, Soledad Manín del ENRE y Agustín Geréz presidente de Energía Argentina) y deben comunicarse con las empresas no pusieron la firma sobre el proyecto oficial, que salió de la cartera del subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, un hombre de confianza de Guzmán, no de Cristina Kirchner.
