El dato mensual de la inflación de septiembre se ubicó en 6,2%, por debajo de los niveles de julio y agosto (en torno al 7%) y marcando una desaceleración que si bien es incipiente de consolidarse permitiría que la variación anual del índice de precios no supere al 100% al terminar diciembre. En los últimos doce meses el IPC registró una variación del 83%, ubicándose entre los mayores niveles de inflación de los últimos treinta años.
Ese es un dato que no pasa desapercibido para el conjunto de la población: la inflación del 25% que dejó el segundo gobierno de Cristina Fernández subió al 40 y luego al 50% cuando terminó el mandato Mauricio Macri. Ahora deambula en el orden del 100% y las propuestas para moderarla no aparecen del lado de la política con la tenacidad que el problema requiere. Si bien, como reconoce hasta buena parte del establishment empresarial, se han dado pasos certeros en dirección hacia un programa de corte ortodoxo: suba de tasas, control del déficit fiscal, cuidado de las reservas.
También en los últimos días surgieron versiones de que el gabinete económico estudia avanzar en un congelamiento de precios y salarios, que también incluiría tarifas y tipo de cambio, y sería lanzado en noviembre para durar hasta febrero siguiente. Los riesgos de la salida del congelamiento serían compensados por el período de bonanza para las reservas dada la liquidación de la cosecha de soja, que permitiría mantener el precio del dólar controlado. Pero son suposiciones y la propia circulación de los rumores llama a duda porque es incentivo para adelantar remarcaciones de precios.
Así las cosas, en septiembre el IPC acusó una desaceleración especialmente captada por el índice core, que releva con más precisión los precios que están atados a la política económica. El core creció 5,5% en septiembre (la menor suba en tres meses) versus un incremento en los estacionales del orden del 11,7%. Las subas estacionales fueron arcadas en rubros como prendas de vestir (por el cambio de temporada), verduras frescas y otros alimentos, cigarrillos y aumentos en la tarifa de transporte público (taxi, subte y aéreos), entre los más importantes.
Al interior del gobierno las definiciones no son claras, algunos especialistas notan que el camino a seguir tiene dos direcciones posibles: lo que denominan "el plan llegar" que sería más bien continuar con líneas de política como las vigentes versus un plan de estabilización macroeconómica que es lo que demanda la oposición. Los costos políticos y sociales, así como los grados de contingencia a los que está atado este último son lógicamente mayores. Supone la normalización de algunos desequilibrios, por ejemplo en los mercados de deuda y de moneda extranjera.
En tanto, "el plan llegar" tampoco es garantía de nada. Los niveles de conflictividad social escalarán si la inflación no consigue ubicarse en niveles tolerables, por ejemplo el 3% promedio que caracterizó al segundo semestre del año anterior. Es sabido que la propia inflación genera inflación (el fenómeno llamado inercia) y por ello es difícil volver a los niveles del pasado pero también aparece como la casi única opción posible para un gobierno popular. La otra es aceitar los mecanismos de negociación salarial, cuidar realmente el bolsillo de las y los trabajadores con aumentos en paritarias que repercutan en todo el amplio sistema que forma el mercado laboral local.
