En un escrito presentado ayer, la Procuración de la Suprema Corte provincial solicitó a ese tribunal bonaerense que posponga, a través de una medida cautelar anticipada, suspenda provisoriamente la entrada en vigencia de la flamante Ley del Menor, aprobada por la Legislatura a fines de diciembre del año pasado y que debería entrar en vigencia por estos días.
A través de un comunicado oficial, el ministerio público informó el pedido presentado por su titular, María del Carmen Falbo, que apunta a prorrogar la entrada en vigencia ¨de algunas cláusulas transitorias contenidas en dicha ley¨.
En concreto, según consta en el pedido, ¨en tanto el Poder Ejecutivo provincial no designe la Autoridad de Aplicación, y estructure los organismos administrativos centrales y locales, como así también dicte la reglamentación pertinente y asigne los recursos imprescindibles en la forma que la propia ley dispone, su entrada en vigencia pone en situación de desprotección a los niños y jóvenes de la provincia que vean violados o amenazados sus derechos¨.
Por eso, Falbo solicitó concretamente que el máximo tribunal ¨disponga la suspensión de la entrada en vigencia de aquellas disposiciones transitorias que imponían la derivación de las causas asistenciales de menores a órganos administrativos –aún no existentes-; a fin de que las mismas y hasta tanto se complete el sistema diseñado, sigan siendo atendidas por los Tribunales de Menores¨.
La norma estipula que el Poder Ejecutivo será quien designe a la Autoridad Administrativa de Aplicación del Sistema y recursos para su funcionamiento, especialmente en los municipios, hacia donde se descentraliza gran parte de la aplicación de programas, a través de autoridades de aplicación locales, integradas por equipos que deberían estar compuestos por un psicólogo, un abogado, un trabajador social y un médico que serán designados por concurso de antecedentes y oposición.
Con todo, Falbo destacó, en su presentación, el ¨avance que la normativa significa en cuanto consagra un sistema de protección de derechos del niño basado en la desjudicialización de conflictos de naturaleza netamente asistencial¨. También manifestó ¨adhesión y compromiso de la Procuración en lograr la plena instalación del Sistema Acusatorio en la Justicia Penal del niño¨.
