Buenos Aires (especial de NA por Martín Hermida) -- Otra vez, a sólo dos meses de que el presidente Carlos Mesa amenazara repetidamente con su renuncia, Bolivia mostró en los últimos días su costado más endeble, con una situación social extremadamente delicada, manifestaciones explosivas en las calles, reclamos cada vez más radicalizados y un futuro incierto.
Y ese cóctel repercutió, a su manera, aquí: con el presidente Néstor Kirchner metido de lleno en la pelea local (especialmente en su ataque contra las ¨corporaciones¨ judiciales), no hubo declaraciones públicas ni gestos altisonantes, pero eso no quita que exista una gran preocupación en el Gobierno.
Incluso, se habló de la posibilidad de enviar un grupo de gendarmes entrenados especialmente para custodiar la sede de la Embajada argentina en La Paz, la capital boliviana, ante la amenaza de que las protestas, marchas y bloqueos callejeros se desborden, como ocurrió hace casi dos años.
El temor está fundado en que para el lunes próximo fue anunciada una huelga, coincidente con la llegada a La Paz de cientos de manifestantes que partieron desde la pobrísima ciudad de El Alto, la misma que fue protagonista principal de la ¨pueblada¨ que terminó derrocando, en octubre de 2003, al anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ya hubo, en los últimos días, una muestra suficiente de la efervescencia popular, con enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que pretendieron tomar por la fuerza el Parlamento, además de los bloqueos en las principales rutas que comunican a Bolivia con Perú y a La Paz con las demás ciudades del país.
Seguramente, a partir de la semana que viene se verá con más claridad si el presidente Mesa -enormemente debilitado desde las últimas semanas, en especial desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Hidrocarburos- podrá seguir resistiendo desde el sillón principal del Ejecutivo, o bien renunciará, como lo exigen distintos sectores sociales.
Ese es, justamente, uno de los puntos que concentran la mayor atención no sólo de las autoridades argentinas, sino también de los países vecinos: cuál sería la salida institucional de Bolivia ante una eventual renuncia del Presidente y qué perspectiva se abriría frente a un escenario posible de elecciones anticipadas.
Antes de imaginar esos escenarios, habría que analizar el origen del conflicto, que en esencia es casi el mismo que llevó a la violenta insurrección popular del 2003 que derribó al gobierno de Sánchez de Lozada.
El centro del debate está en la ya famosa Ley de Hidrocarburos, que esta semana entró formalmente en vigencia, después de que Mesa no la promulgara pero tampoco la vetara: ese fue otro signo de debilidad del Presidente, que dejó hacer y terminó encerrado entre dos fuegos.
La norma aumenta los impuestos que deben pagar las empresas petroleras dedicadas a la explotación de gas (Bolivia tiene la segunda reserva gasífera del continente, detrás de Venezuela), sumando un 32 por ciento por tributos directos y un 18 por ciento por regalías a los departamentos donde estén ubicados los pozos.
Y además plantea que la propiedad de los hidrocarburos en ¨boca de pozo¨ o en los puntos de producción, vuelve a manos del Estado.
Por un lado, la norma generó el inmediato rechazo de las empresas extranjeras que operan en Bolivia, las cuales tendrán que renegociar contratos y ya advirtieron que responderán congelando nuevos proyectos o bien iniciando una batalla judicial. Incluso, Mesa se había puesto de su lado, afirmando que esta ley era ¨inviable¨.
Pero desde el otro flanco, los sectores opositores más duros (entre ellos la Central Obrera Boliviana, los indígenas liderados por Felipe Quispe y los dirigentes sindicales de la ciudad de El Alto) tampoco la aceptaron, dijeron que es insuficiente y exigieron más: la nacionalización de los hidrocarburos, el cierre del Congreso y la renuncia de Mesa, con llamado a elecciones anticipadas incluido.
¿Qué puede implicar todo este escenario para la Argentina? Desde el punto de vista económico, la posibilidad cierta de que haya reducciones en los envíos de gas desde el Altiplano (actualmente llegan más de 6 millones de metros cúbicos por día), o bien que las empresas incrementen fuertemente sus precios por el aumento impositivo, en ambos casos con las consecuencias lógicas.
Sin embargo, buceando un poco más en la profundidad, está claro que en esta crisis hay consecuencias políticas que pueden ser aún peores. Un eventual quiebre institucional (no descartado siquiera por los propios dirigentes bolivianos) abre la puerta a un panorama incierto, porque, por ejemplo, la oposición no muestra propuestas ni liderazgos (el que mejor se perfila es el cocalero Evo Morales) capaces de timonear la crisis.
Y eso, justamente, puede convertir a esta Nación rica en gas pero terriblemente marcada por la pobreza de su gente y por la enorme brecha entre los sectores más altos y los más desposeídos, en un polvorín a punto de estallar.
