La Plata, (NA)- Los trabajadores de la Justicia de la provincia de Buenos Aires dispusieron ayer iniciar un paro por tiempo indeterminado en el marco del conflicto salarial que mantiene paralizados a los tribunales bonaerenses desde hace 14 días.
Frente a la agudización del conflicto, el gobernador Felipe Solá consideró que los gremialistas «abusan de las huelgas de manera casi extorsiva» y advirtió que su obligación es «defender el presupuesto» «Hay una tendencia a abusar del paro de manera casi extorsiva, como diciendo si no hay arreglo ya, sigue el paro , cuando es al revés, hay que sentarse y negociar», enfatizó Solá.
El conflicto salarial, motorizado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), mantiene paralizados los tribunales bonarenses desde hace 14 días, lo que viene ocasionando serios trastornos en los 18 departamentos judiciales de la Provincia.
El reclamo central de una ley porcentual que empalme los salarios de los trabajadores con los de los jueces se encuentra en el centro de la negociación entre las autoridades bonaerenses y los trabajadores.
Los gremialistas judiciales, por su parte, anunciaron ayer que resolvieron profundizar la protesta «ante las falta de respuestas del gobierno» a las demandas de mejoras salariales realizadas por el sector.
Los trabajadores -durante una asamblea realizada este mediodía en La Plata- resolvieron paros activos con asambleas y retiro de los lugares de trabajo por tiempo indeterminado.
Al término de la asamblea, los representantes gremiales reconocieron que «la única forma de destrabar este conflicto» es firmar «un acta compromiso para que se vaya pagando en forma progresiva la porcentualidad».
Los empleados en conflicto marcharon en las primeras horas de la tarde de ayer hasta la Casa de Gobierno provincial para hacer escuchar sus reclamos y anunciar que continuarán con las medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
La AJB solicita también la reformulación de las últimas tres categorías, la devolución de los descuentos por adhesión a los paros y la firma de un acta de compromiso para llamar a paritarias e incluir en el temario la reposición de la Ley de Porcentualidad.
En la lsta de reclamos también figura que «se incorporen seis millones de pesos más» a la oferta que les realizó el gobierno de afectar 71 millones a la masa salarial.
Mientras tanto, al hablar con los periodistas luego de la presentación del informe de la Secretaría de Derechos Humanos en la Casa de Gobierno provincial, Solá aclaró que su gestión «le ha hecho una oferta muy importante de un 16,5 por ciento de aumento» a la Asociación Judicial Bonaerense. «Yo debo defender el presupuesto», explicó Solá y añadió que de lo contrario «se llevará a la Provincia al desastre y yo no la voy a llevar al desastre».
En medio de la grave crisis desatada en la Justicia provincial, también se trabó la negociación con los jueces y funcionarios judiciales luego de que el sector rechazara una propuesta de aumento del 9,34 por ciento; contexto en el que la Asociación que nuclea a los magistrados produjo un nuevo y duro pronunciamiento.
Por su parte, la Suprema Corte bonaerense -que avaló expresamente las demandas salariales de los jueces y los empleados - le reclamó al Poder Ejecutivo soluciones urgentes a este conflicto.
La ley de enganche de los sueldos de los empleados al salario de los jueces de la Suprema Corte, en porcentajes determinados para cada categoría del escalafón, es un régimen que se aplicó en el pasado en la Provincia y fue derogado a fines de la década del 80.
El sistema es resistido por las autoridades bonaerenses al considerar que si los sueldos de miles de empleados quedan enganchados a los de los magistrados se fomentaría una espiral salarial «imposible de afrontar» de acuerdo a lo que argumentan en sectores del Gobierno.
