Buenos Aires (Especial para NA, por José Calero) -- La instrucción fue firme pero tuvo el tono mesurado y respetuoso que caracteriza a la relación entre el presidente Kirchner y su ministro clave en el gabinete nacional: Roberto Lavagna.
"Hay que poner en caja a los formadores de precios", fue el pedido, luego de que el propio Lavagna advirtiera en la Casa Rosada que algunos sectores de la economía vienen pugnando desde hace meses por mejorar sus utilidades y recuperar el terreno que supuestamente perdieron durante la crisis, sin importar lo que ocurra con el poder adquisitivo de la gente.
También contribuyó a fortalecer esta postura que el incremento de la canasta de alimentos haya triplicado en agosto el comportamiento de los precios generales de la economía.
El pedido de Kirchner, al que Lavagna ya se había anticipado poniendo a su equipo a trabajar a todo vapor para detectar ‘cartelizaciones’ de precios en distintos sectores de la economía, como ocurrió con las cementeras, refleja no sólo una preocupación genuina por el bienestar de la población, sino también un cálculo electoral.
El gobierno sabe que el humor de la gente es muy permeable a la variable "bolsillo", un término que Kirchner comenzó a utilizar cada vez más seguido en sus últimos discursos.
No escapa al presidente que la hiperinflación de 1988/9 arrasó con el gobierno radical de Raúl Alfonsín, por no ir más atrás en la historia argentina y hablar de "rodrigazos" y otros desparramos.
La Argentina actual no tiene siquiera puntos de comparación con aquel desmadre, pero lo cierto también es que los argentinos se han puesto más exigentes, y ya se percibe el malhumor cuando se habla de un índice inflacionario de dos dígitos para este 2005.
Con las elecciones de octubre encima, el gobierno salió entonces a presionar con fuerza para que los "formadores de precios" den marcha atrás con los aumentos.
Lácteos, carnes y pollos encabezan la lista de preocupaciones del gobierno, pero la mira de Defensa de la Competencia también está puesta en otros rubros, como bebidas y productos de limpieza, que habrían concretado una fenomenal recomposición de precios en el último año, según números que están en el escritorio de Lavagna.
Este cuadro de situación es el que pareció convencer a la Casa Rosada de que había que sumar a las cotidianas confrontaciones con el duhaldismo, un perfil más "económico" en el discurso presidencial.
Eso explica que el jefe de Estado la haya emprendido contra los supermercados en los últimos días, como alguna vez se la agarró con la petrolera Shell y las empresas privatizadas.
Y aquí sí Lavagna puede contribuir en forma decisiva para apuntalar un discurso presidencialista cada vez más beligerante.
El ministro nunca quiso meterse en el fragor de la arena partidaria, pero dice ‘presente’ siempre que lo llaman para proveer los argumentos que buscan poner en caja a los "formadores de precios".
Defender la competencia es crucial para el programa económico, explicó el ministro, un día después de que desde su área salieron a multar a supermercados por distintos incumplimientos formales que fueron desde fallas en las etiquetas de los productos, incumplimientos de ofertas y "publicidad engañosa".
Lavagna nunca fue partidario de los controles de precios, tal vez porque se dio cuenta de que había una herramienta más eficaz: monitorear con lupa la actividad de sectores clave de la economía y, cuando se reúnen los fundamentos necesarios, aplicar el ‘garrote’ de las multas, como viene ocurriendo.
Desde las cámaras empresarias venían advirtiendo estos movimientos, e incluso algunos sectores hicieron silencio cuando el gobierno arremetió contra las cementeras.
Pero a entidades como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –hoy por hoy el nucleamiento más poderoso del universo privado- no le resultaría agradable que esta estrategia se profundizara a medida que se acercan las elecciones de octubre.
Por ello no cayó muy bien –o, mejor dicho, causó cierta confusión- la denuncia lanzada por Lavagna hacia empresas que no identificó, a las que acusó de aplicar estrategias para "maximizar su rentabilidad, minimizando la competencia¨.
"Si nos ponen a todos en la misma bolsa, pueden comenzar a perjudicar nuestra ecuación de negocios", razonan los ejecutivos de las compañías de primera línea, poco interesados en que el discurso oficial los termine enemistando con los consumidores.
También hubo consultas al más alto nivel en la Cámara Argentina de Comercio, a la que están asociados los supermercadistas y las compañías de servicios públicos.
Ahí tampoco cayó bien que todos los dardos del gobierno se lanzaran contra las "grandes superficies", y olvidaran a las alimenticias, que para los supermercadistas son las "verdaderas" responsables de la disparada de precios en las góndolas.
Como sea, la posición empresarial, como casi siempre, es evitar provocar más olas en la relación con la administración Kirchner y llegar a un "pacto de caballeros".
Por eso, la semana próxima seguramente habrá anuncios de acuerdos para un sector clave como la carne, y los hipermercados saldrán a dar señales de buena voluntad, como una canasta con precios especiales destinada especialmente a los sectores de bajos recursos.
Todo sea por mantener las aguas aquietadas en momentos en que Kirchner se juega todo a lograr una elección exitosa que le permita transitar con la menor cantidad de obstáculos posibles la segunda mitad de su gobierno.
