Buenos Aires, (NA)- El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ratificó ayer que el Gobierno no está impulsando el proyecto de ley de Secretos de Estado que se analiza en el Congreso nacional, pero reconoció que quienes lo impulsan son ¨senadores amigos¨.
¨No he hablado con nadie ni vi el proyecto. No es un tema que el Gobierno esté propiciando. Pero es cierto que el proyecto es de senadores amigos¨, afirmó el ministro del Interior en declaraciones radiales.
Por su parte, la senadora frepasista Diana Conti -una de las autoras del proyecto- afirmó en esa misma línea que la iniciativa no fue ¨ni consultada, ni es impulsada por el Poder Ejecutivo¨, y reconoció luego que desde el Gobierno ¨se rechaza¨ la idea.
¨El proyecto no fue ni consultado, ni apoyado por el Poder Ejecutivo. De todas formas es una iniciativa que nació en la Cámara de Senadores, y no todos los proyectos tienen que tener el aval del Gobierno. Somos un poder independiente¨, afirmó Conti.
La legisladora Frepasista, que habitualmente acompaña las iniciativas del kirchnerismo en el Senado, indicó que la norma es impulsada por Marita Pérceval (PJ), presidenta de la comisión de Defensa y una de las candidatas a ocupar el Ministerio del área luego de las elecciones de octubre próximo.
En ese contexto, Conti dijo que el titular del bloque del PJ de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, es uno los senadores que acompañana la iniciativa, junto a ella misma y a Mario Daniele, titular de la comisión bicameral de Inteligencia.
Conti intentó explicar que "se le atribuye (al proyecto) una intencionalidad distinta a la que tiene. Es verdad que el secreto ha sido utilizado de manera oscurantista. Pero quizás ocurrió porque no existe una norma que regule los secretos oficiales".
"La intencionalidad no es ampliar, sino restringir los secretos. Hace falta que haya clasificación de lo que fue secreto y obligatoriedad de su publicidad", agregó Conti en declaraciones radiales.
El proyecto de ley de secretos oficiales, trata de regular las excepciones al principio de que todos los actos del Gobierno deben ser públicos.
Las áreas del Gobierno que saldrían favorecidas en cuanto a facultades para activar los secretos serían la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y hasta los jefes de las fuerzas federales de seguridad que de esta cartera dependen, además del propio Congreso.
De esta forma se sumarían a los que ya están autorizados legalmente para decidir el nivel de secreto de actos de Gobierno que afecten la ¨seguridad nacional¨: la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el área de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
