Buenos Aire (Especial para Noticias Argentinas, por Daniel Casal) –- Apenas se acallaron los ecos de las elecciones, se abrió el baúl de los fantasmas que los argentinos querrían dejar en el olvido.
No fueron sencillos para el Gobierno los días que vinieron tras el escrutinio de votos, como consecuencia de la suma de incidentes callejeros, la marcha incansable de la inflación y que la Cumbre de las Américas no haya deparado buenas nuevas.
Los serios incidentes vividos en la estación de Haedo, quesirvieron como disparador inicial, y los que le siguieron en Villa Ballester y Avellaneda, demuestran el malestar que anida aún en amplias capas sociales.
Es posible que, tal como sostiene el Gobierno, sobre estos reclamos se haya montado algún activista con fines difíciles de mensurar, pero tuvo un cierto dejo de grosería atribuir todo a grupos violentos y con escasa logística.
Desechó de esta forma que la gente común haya tenido la necesidad de volver a formas incipientes de protesta para reclamar, en este caso, el mínimo derecho a viajar con dignidad. Es claro que la privatización de los trenes fue de magra factura y que en una década de concesiones privadas hubo escasas inversiones, a pesar de los fuertes subsidios que las empresas reciben por parte del Estado.
Además, los usuarios vienen quejándose desde hace mucho tiempo de las deficiencias del servicio ferroviario y, sobre todo, del que brinda TBA, el ramal que circula por el Oeste. Este tema tiene una ligazón estrecha con el alza incesante del costo de vida, porque a los malestares cotidianos se agrega el deterioro del poder adquisitivo que trae aparejada la suba de la inflación.
Un dato económico habla por sí solo: por cada punto de aumento de la inflación unos 100.000 argentinos atraviesan la frontera de la pobreza, y el costo de vida se ubica cerca de ese nivel mes tras mes.
Es indudable, entonces, que mientras no se encuentren soluciones efectivas y permanentes habrá un campo sembrado para la conflictividad social
Por el camino de lo previsible pretende transitar el ministro Roberto Lavagna, según se puede leer en sus últimas declaraciones, que hablaron de avanzar en las negociaciones con el FMI y de crear un fondo fiscal anticíclico, que servirá para guardar dinero en épocas de vacas gordas para usarlo en épocas de vacas flacas.
En la Argentina, ese dinero indisponible será destinado a pagar deudas ante las serias dificultades de financiamiento que aún subsisten.
Esto quedó de manifiesto en la reciente licitación de Boden, cuando el propio Estado argentino terminó comprando la mayoría de los títulos públicos.
Ante esto, el ministro planteó la necesidad de lograr un nuevo acuerdo con el Fondo con el objetivo de postergar vencimientos de los próximos dos o tres años.
Se comenzaron a tender así nuevos puentes con Estados Unidos para que vuelva a brindar su apoyo decisivo en el directorio del organismo.
En principio, la administración Bush recibió con satisfacción este pedido y no faltaron elogios para la recuperación de la Argentina. Pero, luego llegó la Cumbre de las Américas de Mar del Plata.
Allí, los norteamericanos encararon una ofensiva feroz a favor del una pronunciamiento a favor del ALCA, pero se encontró con la oposición del Mercosur a esa zona de libre comercio del continente.
Ante esto, hubo un giro en el discurso de la Casa Blanca y Bush afirmó que la Argentina ya se encontraba madura para encarar por sí sola las negociaciones en el FMI.
El gobierno kirchnerista tiene al acuerdo con el Fondo como una de las prioridades para la segunda mitad de su mandato, de acuerdo con lo que aseguran altos funcionarios de la Casa Rosada
Aunque ese objetivo tiene aún abierto un amplio signo de interrogación porque estará supeditado a que el país gane confianza y previsibilidad en el concierto internacional.
Otro de los objetivos para los próximos dos años será una amplia reforma impositiva, que apuntará, según dicen en la Rosada, a un sistema "progresivo" en contra del "regresivo" que rige en la actualidad.
En la agenda oficial está también llevar la inflación a un dígito, y algunos funcionarios ya se entusiasman con alcanzar esta meta en 2006 y no cuando finalice el actual gobierno como se había planteado inicialmente.
Los planes sociales también serán transformados para que se alejen del asistencialismo que los caracterizaron desde que estalló la última gran crisis y los acerque más a trabajos efectivos.
Por último, el quinto gran objetivo es avanzar en una amplia reforma política para que los partidos no sean estructuras gigantescas e incomprensibles y reflejen con mayor certeza la ideología del afiliado.
Pero, la base de todos estos cambios estará en comprender la complejidad del momento actual y erradicar la concepción que cada idea contraria a la política oficial es una especie de ataque a la propia República.
