LA PLATA, (AIBA). El gobierno bonaerense ya tiene en curso 'alrededor de 1.930' juicios contra contribuyentes que adeudan o eludieron el pago de impuestos y no se avinieron a aceptar las intimaciones para regularizar su situación con la Provincia; una política de apremios que en el primer semestre de este año trepará hasta las 'doce mil' acciones judiciales, según indicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
El funcionario provincial sostuvo que desde febrero pasado se dio aviso a más de un millón 200 mil personas para que recompongan su relación con el fisco sin tener que llegar a una decisión extrema como el inicio de un proceso en la Justicia, en el intento por evitar que 'el contribuyente no se vea perjudicado por una acción de esa naturaleza'.
'Nosotros no estamos en el negocio de los remates y las gestiones judiciales, sino en el de cobrar impuestos', justificó, tras lo cual destacó que los deudores que no ingresen a los planes de pago flexibles que pondrá en marcha la Dirección de Rentas -el acceso a la primera etapa del sistema vence hoy- 'se van a ver afectados por el incremento de los gastos, por causa de la participación de los abogados'.
Precisamente, sobre el cierre de ese régimen que alcanza a las obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2002 por los impuestos Inmobiliario, a los Automotores e Ingresos Brutos, Montoya recordó que tendrá dos instancias posteriores para incorporarse, en junio y septiembre, pero que 'el paquete' que se ofrece ahora 'tiene los mayores beneficios', como la condonación de intereses, los descuentos por pago al contado y las bonificaciones por buen cumplimiento.
Por último, consultado acerca de los niveles de recaudación bonaerense, el subsecretario señaló que los registros de los últimos meses 'nos están permitiendo un manejo un poco más desahogado, aunque no podemos olvidar que la Provincia no sólo enfrenta sus gastos con sus propios ingresos, sino también con otros que aporta la Nación y que no han acompañado el mismo ritmo de aumento'.
De ahí que confesó que el ministro de Economía, Gerardo Otero, 'tiene que hacer malabarismos para poder enfrentar los pagos corrientes' del Estado, en especial la retribución de los haberes mensuales de los empleados y jubilados de la administración pública.
